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La nacionalización de la minería fue uno de los estandartes del actual Gobierno, dentro de su organización y su enfoque de que los capitales naturales no renovables deberían beneficiar al pueblo y no a unos cuantos inversionistas que se llevaban la mayor parte de las utilidades, resignando el poco erario nacional y a los departamentos y municipios en los que existen los depósitos.
Lo positivo que se ha obtenido es relatar con un gran número de obreros sindicalizados, que actualmente si se puede decir algo negativo es que contribuyen con empeño y constancia al paro y a la huelga, ya que si bien no se trabaja, los salarios siguen corriendo mientras que no existe ningún ingreso para pagarlos, asegurándose las pérdidas, en seis días de inactividad.
Lo otro positivo es que las empresas estatales absorban un gran número de mano de obra que se juntará a ese sindicalismo, pero que reiteradamente crecerá para tener el poder pero no en beneficio de las mayorías nacionales, sino de unos pocos, entre los que se cuentan dirigentes en perpetua comisión, que planifican quizá la toma del poder para los obreros, adentro de esa filosofía ya antigua pero que está siendo utilizada para bloquear al estado.