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Los problemas de sobre-endeudamiento se han debido no tan solo al uso irresponsable de las tarjetas de crédito por parte del consumidor, sino también, en gran medida, a la agresividad comercial de las entidades financieras para colocar este producto. Tanto es así, que no solo han facilitado el acceso a personas que por su nivel de ingresos difícilmente podían asumir las deudas contraídas, sino que progresivamente les han ido ampliando el límite del crédito. En resumen, han convertido en necesidad, lo que tradicionalmente era un capricho para un ciudadano medio.Por otro lado, las entidades financieras han fomentado el “carruseleo”, conscientes de que es un buen negocio el concederle crédito al consumidor, para que éste pueda cancelar las deudas de sus otras tarjetas de crédito. Todos salen ganando, menos el consumidor que tiene que pagar intereses sobre intereses.
Cuando, finalmente, al consumidor se le agotan las posibilidades de conseguir otra tarjeta de crédito, con la que cubrir las deudas de las anteriores, la rueda se rompe. Las entidades de crédito, gracias a las tasas de interés elevadísimas que aplican a este producto, han recuperado el capital prestado con un rendimiento más que aceptable (durante el primer semestre de 2009, BBVA-Banco Continental ha obtenido una rentabilidad sobre recursos propios del 47,32% anual). Sin embargo, el consumidor queda estigmatizado, con un historial crediticio seriamente deteriorado, que le impide acceder a productos financieros más ventajosos para él.
Si bien es cierto que la economía de mercado necesita libertad para desarrollarse convenientemente y crear riqueza; no lo es tanto la creencia de que el mercado se regula sólo. Si fuese así, no serían necesarios los tribunales de defensa de la libre competencia, existentes en prácticamente todo el mundo. Dicha libertad de maniobra operativa deja de serlo, pasando a ser libertinaje, cuando los intereses de unos pocos agreden a los de una mayoría. Este es el caso de los costos de las tarjetas de crédito, y los poderes ejecutivo y legislativo deben intervenir, sin demora, para evitar el comportamiento paralelo que están mostrando las distintas entidades financieras.