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Una sentencia a � nuestro favor no sólo les permitiría recuperar sus derechos políticos a otros 800 venezolanos que han sido objetados por la Contraloría General de la República sin que hayan sido sometidos a un proceso penal y sobre ellos recaiga sentencia definitivamente firme, si no que además,� serviría de jurisprudencia a países como Colombia, Ecuador, Costa Rica y Perú donde la inhabilitación política es utilizada como herramienta para neutralizar a los adversarios políticos con alguna opción clara de triunfo electoral.
Sabemos que la razón está de nuestro lado, y tenemos la convicción de que hoy terminará una larga batalla y se abrirá un nuevo camino lleno de retos apasionantes que nos llevarán a ese futuro mejor que soñamos para nuestros hijos.