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Los ejércitos modernos, como bien sabemos, nutren sus filas y diversas jerarquías con ciudadanos que han elegido –ya sea por gusto, necesidad o convicción– seguir la vida de las armas. Es decir, todo aquel miembro de las fuerzas armadas ha entrado al servicio por voluntad propia. Sin embargo, esto no fue siempre así, al menos no en lo que concierne a México, en especial durante el siglo XIX. el riesgo implícito de la profesión militar, pues la posibilidad de recibir un daño que dejara impedido físicamente de por vida al afectado, o resultara muerto en un enfrentamiento, era una posibilidad más que real y a la que pocos estaban dispuestos a arriesgarse. Además, las exigencias del servicio imponían diversas penalidad a los soldados: mal comer, mal dormir, ser tratados con desdén por sus superiores, soportar entrenamientos agotadores y marchas interminables, tampoco estaban consideradas, precisamente, como actividades deseables. Y si encima los sueldos, aparte de escasos, tardaban en ser pagados o, de plano, nunca llegaban a manos de los interesados
Pues bien, como de cualquier forma los reemplazos en el ejército eran en todo punto necesarios, en especial en aquellas tumultuosas épocas en las que los pronunciamientos militares, y las guerras extranjeras fueron algo común en suelo mexicano (por desgracia para nuestro país), el gobierno hubo de tomar las medidas necesarias para proveerse de los efectivos que tanto necesitaba y, para ello, hubo de legislar al respecto.
Como se aprecia, no hay mención por parte del gobierno central en lo que respecta a las formas y procedimientos para llevar a cabo el levantamiento del “contingente de sangre” requerido. Esto fue aprovechado por las entidades para legislar a su conveniencia. Es importante mencionar que en esa época (y durante todo el XIX, hasta la llegado del general Porfirio Díaz a la presidencia), los estados vieron en el gobierno central un poder que intentó, por todos los medios posibles, de sujetarlos a los lineamientos de sus políticas. Por ello, los diversos gobiernos estatales estuvieron interesados en obstaculizar todos los intentos del gobierno central por dominarlos. Y como la herramienta más importante del gobierno central para lograr hacer sentir su autoridad en toda la República era el ejército, las entidades trataron de evitar la conformación de un ejército fuerte y disciplinado.
existía el intento, por parte de las legislaturas estatales, de obstaculizar la consolidación de un ejército permanente que auxiliara al gobierno nacional en el control y administración de los territorios, donde imperaban los intereses locales. Los poderes locales temían un poder central que les disputara la hegemonía política, militar y económica en sus territorios. Estos intereses empobrecían al gobierno nacional puesto que no remitían su su contingente fiscal a la Hacienda nacional y por el contrario, cubrían su contingente de reemplazos con todos aquellos grupos sociales perniciosos a la sociedad, y es fácil inferir que éstos desertarían a la primera oportunidad. Con las levas, las legislaturas estatales aceleraron y profundizaron un mal endémico presente desde la formación del ejército novohispano.
El segundo objetivo de los poderes locales al enviar a los elementos “perniciosos” de sus regiones, fue que, además de debilitar la consolidación del ejército vigoroso de que habla Serrano, también evitaban dañar la economía de sus propias regiones, pues no se enviaban a los elementos “honestos”, “trabajadores” y “productivos” a servir al ejército permanente, pues eso habría sido el equivalente a dañar la industria, el comercio y la agricultura ante la falta de los brazos necesarios para sostener esos ramos productivos. Serrano Ortega firma que Aunque hubo quejas por parte del Ministerio de Guerra y Marina al respecto, el estado de cosas descrita permaneció durante todo el siglo XIX y, de hecho, puede decirse que se acentuó, pues durante todo este siglo los vagos fueron especialmente perseguidos, pues existió una “preocupación por controlar la vagancia con vistas a garantizar el orden público y social”, preocupación que se pensó podría ser solucionada con el enrolamiento de los vagos al ejército. Además, el país se encontraba “en un contexto signado por la depresión económica, la inestabilidad social y la necesidad de reclutar hombres para el ejército”. Por ello, se creó el Tribunal de Vagos el 3 de marzo de 1828, que funcionó hasta 1870. Si bien el tribunal cesó de existir, la tradición de persecución de vagos continuó todavía todo el Porfiriato.