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La Corrupción en México ha sido tradicionalmente señalada por muchos analistas como uno de los principales problemas políticos del país. Además las encuestas a principios del siglo XXI, señalan que el grado de corrupción existente ha afectado negativamente a la legitimidad política, transparencia de la administración y eficiencia económica en cuanto a rendición de cuentas del país hacia el interior y exterior de sí mismo.1
La gran mayoría de estas prácticas corruptas han ido desarrollándose y sentando sus bases a lo largo de varios siglos de historia, fueron dejadas como herencia de la gran élite política para la consolidación de una oligarquía mediante un gobierno autoritario y represor.1
En el año 2014 durante la realización del Índice de Percepción de la Corrupción –una medida entre 0 (Muy Corrupto) y 100 (Muy Transparente) de los niveles de corrupción percibidos por el sector público en 175 países y territorios evaluados– México obtuvo una calificación de 35, y ha sido catalogado como uno de los 70 países más corruptos en el mundo, así como el país más corrupto de los 34 estados que conforman la OCDE.