Respuestas
En las democracias representativas contemporáneas el ejercicio del poder político está asociado con fórmulas para la participación ciudadana al margen del derecho al voto, hecho que, en gran medida, es resultadoento a la inclusión ciudadana en las decisiones de gobierno, sobresalen el abstencionismo electoral ascendente; la desconfianza social hacia diferentes instituciones, particularmente hacia las encargadas de la administración e impartición de justicia; la corrupción, impunidad e ineficiencia de servidores públicos; la desatención de las autoridades competentes de demandas puntuales de comunidades específicas; la insuficiente representación de colectivos, sectores e intereses en las instancias democráticamente constituidas para ello así como una escasa rendición de cuentas del quehacer político de los representantes populares.
La presencia creciente de estos factores, así como sus repercusiones adversas para la estabilidad social y la gobernabilidad, han contribuido a que en contextos específicos se cuestione la legitimidad de la representación política lo que pudiera interpretarse incluso como una crisis de la política,1 particularmente en los países Latinoamericanos, fenómeno al que en el ámbito académico se ha identificado como una crisis del modelo liberal de democracia.
Así, en términos generales, fomentar la participación ciudadana en las decisiones de gobierno se traduce en mayores márgenes de gobernabilidad lo que permite avanzar formalmente en la democratización de la vida política local; en este sentido, tal participación debe ser vista como una contribución a los procesos de transición a la democracia en sistemas frágiles y defectuosos así como un nuevo impulso enfocado esencialmente hacia la calidad de la representación, en sistemas mayormente consolidados, en el marco de lo que se ha denominado como la "tercera transformación democrática."2
Empero, a este proyecto democratizador, le subyace también la reticencia de la propia representación política ante la posibilidad de ver mermadas sus atribuciones y, fundamentalmente, limitada su autonomía y capacidad de decisión; circunstancias que han repercutido tanto en el carácter otorgado a los propios mecanismos para la implicación ciudadana como en el impacto efectivo de las resoluciones de éstos en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Referentes teóricos
La democracia clásica
Cuando se habla hoy de democracia se hace referencia, por un lado, a un ideal en tanto son y han sido muchas las formas de pensar el autogobierno del pueblo; por el otro, se alude a una realidad, es decir, a un tipo de régimen político en el que los ciudadanos desempeñan un papel en la adopción de decisiones políticas que en mayor o menor medida les afectan.
En la reflexión sobre el primer escenario, se encuentra una influencia determinante de la democracia ateniense de los siglos V y IV a.C., que ha constituido el paradigma de lo imitable y de lo cuestionable en torno al gobierno del pueblo. A ella le sucedieron diferentes tradiciones de pensamiento destacando fundamentalmente el republicanismo romano del siglo II a.C.; el republicanismo renacentista (incluidas ideas como las de Marsilio de Padua en el ocaso de la Edad Media); la democracia liberal gestada desde finales del siglo XVII en Inglaterra y desarrollada propiamente durante el XVIII en Francia y la visión marxista de la democracia del siglo XIX.3
Como régimen político, la democracia, en términos generales, se identifica con un tipo de influencia directa de los ciudadanos en la elección de los gobiernos y, por esta vía, en la determinación de las políticas que les afectan; asimismo, se pueden identificar en Occidente momentos históricos determinantes para el devenir de este modelo de gobierno: en la democracia ateniense antigua, en la Roma republicana, en las ciudades-repúblicas europeas -particularmente en Italia a finales del Medioevo e inicios del Renacimiento- y en los Estados modernos desde el ocaso del siglo XVII,