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n palabras de Lizama: “Una cosa es que existan las instituciones y otra cosa es que funcionen para lo que existen. En ese sentido creo que el nivel básico de institucionalidad ambiental lo tenemos: alcaldías, MARN, MAG, juzgados ambientales. De lo que se trata es de que funcionen como instancias para las cuales la ley asigna competencias”. Por ello, considera importante definir “el perfil del funcionario que se quiere para hacer efectivo el cumplimiento de la ley”.
En todo caso, el juez ambiental cree que en el país se tiene “lo básico como para lograr importantes efectos” en el medioambiente. Esos efectos deberían verse traducidos en acciones coordinadas y verificadas de reforestación, gestión de los recursos hídricos y manejo adecuado de la basura.
Lizama considera que todo ello no solo es labor del Ministerio de Medio Ambiente, sino también de las alcaldías, de los ciudadanos y de la empresa privada.
Una de las mayores deudas que El Salvador necesita saldar con el medioambiente este año es una ley que facilite la adecuada gestión de los recursos hídricos.
En su opinión: “La misma crisis debida al Cambio Climático y los impactos que tiene en el país harán cada vez más necesario el hecho de que se apruebe una Ley General de Aguas”. Para Lizama, esto será cuestión de tiempo, pues “no nos podemos estar quedando al margen de las necesidades de regulación y de gestión”.
Pero el juez es consciente de que tener una ley no es suficiente. El más claro ejemplo lo ve en la inoperancia de los controles de emisión de gases. El Reglamento General de Tránsito estableció, en 1996, límites para las emisiones y los ruidos generados por los vehículos. Pero, en la práctica, exceder esos límites no tiene consecuencias debido a un proceso jurídico aún no resuelto.
Al respecto afirma: “Las instituciones pueden existir, pero no asumen los roles que la ley les asigna”.
El Marn cuenta con equipos que permiten medir qué tan contaminado está el aire, pero de poco sirve esa información si se hace nada al respecto. Lizama espera que el país no tenga que llegar a los niveles de China para tomar acciones. Por eso, su tribunal espera poder tomar una decisión jurídica “que tenga que ver con la contaminación del aire”, en los primeros meses de este año.
Sin acción para cuidar la calidad del aire
El promedio semanal de infecciones respiratorias agudas (Iras) atendidas fue de 143, 901 el año pasado, según el Ministerio de Salud. Hasta el 19 de diciembre se habían acumulado 2,014 ,613 de Iras.
El promedio semanal de neumonías fue de 3,160 y el acumulado al 19 de diciembre fue de 44,233. Por esta causa, murieron 688 salvadoreños en 2015, 67 más que en 2014. Aunque el número de muertes no se asemeja a las que deja la violencia, las infecciones respiratorias y las neumonías son juntas la mayor causa de consulta en el sistema público de salud. Además dejan secuelas, como enfermedades crónicas, y restan recursos y productividad a las personas y a las familias. En suma:_descuidar la calidad del aire resta productividad al país y calidad de vida a la población. Por ello, Lizama cree necesario tomar acciones lo más pronto posible y no llegar a los niveles de contaminación de países como México y China.
Ya casi se cumplen 20 años de que se aprobó en la Ley General de Tránsito y en su Reglamento el límite para las emisiones de los vehículos. Pero un proceso jurídico inconcluso imposibilita que ese artículo se esté cumpliendo.
Sí, es lo que yo le decía. Las instituciones pueden existir pero no asumen los roles que la ley les asigna. Esto es bien importante, que en materia de control de la contaminación se adopten las medidas que la misma ley establece. Hoy incluso tenemos mecanismos cómo medir las emisiones, la calidad del aire en San Salvador. Tenemos información científica actual que nos puede indicar cómo está la situación nuestra. Esperemos no llegar a los niveles de China. Por ejemplo, para Navidad tuvieron que cerrar el aeropuerto (…) Ojalá que no esperemos llegar a eso y que las instituciones empiecen a funcionar. Nosotros, como tribunal ambiental tenemos a la vista un estudio en base al cual, los primeros meses de este año, podamos tomar una decisión jurídica que tenga que ver con la contaminación del aire.