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Las demandas centrales del acuerdo se relacionan con el reconocimiento constitucional de los pueblos Maya, Garífuna y Xinca, y además con la redefinición de la nación guatemalteca como culturalmente plural, multiétnica y multilingüe. Esto refleja puntos de vista multiculturalistas e integracionistas de nuevo cuño que insisten en la necesidad de establecer medidas para combatir la discriminación como parte de la construcción de Estados nacionales más incluyentes. El acuerdo hace un llamado al reconocimiento constitucional y legal de las formas de organización, prácticas políticas y derecho consuetudinario de los mayas, así como el reconocimiento de los derechos culturales y socioeconómicos de los pueblos indígenas. Su lenguaje recuerda el utilizado por las declaraciones y convenios internacionales y efectivamente explícitamente establece que el gobierno debe promover políticas para implementar algunas medidas establecidas en el derecho internacional en relación a los pueblos indígenas
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