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Todo terminó a la una de la madrugada del 24 de marzo de 1976 cuando el general José Rogelio Villarreal le dijo a Isabel Martínez de Perón: “...Señora, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada...”. O todo comenzaba.
Es cierto: el país no estaba bien. Había inflación, crisis sindical, violencia y una sensación de ingobernabilidad absolutamente real. Pero lo que se iniciaba esa fatídica madrugada sería peor. Asumía el control del país una Junta de Comandantes en Jefe integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Agosti. “Control del país” significó, entre otras cosas, disolución de los partidos políticos y del Congreso, anulación de la libertad de prensa y expresión, reemplazo de la Corte Suprema de Justicia, supresión de toda actividad política y sindical, entrega económica. Y, fundamentalmente, muerte. Una pena de muerte disfrazada para “quienes causaren daño a medios de transporte, de comunicaciones, usinas, instalaciones de gas o agua y otros servicios públicos; para los que contaminaren el agua, los alimentos y las medicinas; para los que causaren daños con explosiones o incendios; para los que sean sorprendidos infraganti y no acaten las intimaciones, o se enfrenten con las fuerzas de seguridad", pero en realidad significaba para todo el país que no acatara las órdenes, por más irracionales que fueran.
Comenzaba el mayor genocidio de la historia nacional.
El terrorismo de Estado ocupaba los sillones. El plan de exterminio estaba en marcha. La Argentina, los argentinos, nunca más serían los mismos.
El descontrol económico, la violencia política y la evidencia de la descomposición del gobierno abrieron la brecha por la cual tos militares volvieron al gobierno. El 24 de marzo de 1976 la Junta Militar —integrada por los comandantes de las tres armas, Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Marina) y Orlando R. Agosti (Aeronáutica)— derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón e inauguró lo que denominó “Proceso de Reorganización Nacional”. Esta nueva intervención militar fue diferente de las anteriores. El golpe de 1966 había originado un gobierno sostenido, en última instancia, por las Fuerzas Armadas; en 1976 el gobierno fue ejercido en forma directa y en todos sus niveles por las Fuerzas Armadas. Como señaló el nuevo presidente, el general Jorge R. Videla, el 25 de mayo de 1976: El gobierno militar se propuso transformar de raíz la sociedad argentina. No se trataba simplemente de corregir una política económica, de derrotar a la guerrilla o de resolver una crisis institucional. Para ello hubieran bastado algunos cambios dentro de la legalidad constitucional. Lo que para la Junta Militar estaba en cuestión era la existencia misma de una nación. Para resolver esta crisis, entonces había que “reorganizar” la sociedad argentina, en un “proceso” que no tenía “plazos” sino “objetivos”.
Esta “reorganización” tuvo expresiones concretas: represión política y social, desarticulación de las bases de la economía industrial y ejercicio autoritario del poder. Finalmente, culminó con la derrota militar en la Guerra de las Malvinas.
La represión ilegal —que tuvo su apogeo entre 1976 y 1978— fue uno de los rasgos básicos del gobierno militar. La ilegalidad no fue tal sólo por haber sido llevada a cabo por un gobierno de facto sino porque incluso se violó la legalidad establecida por ese gobierno. La represión, cuidadosamente planeada, organizada y dirigida por los más altos niveles de decisión política y militar, fue, al mismo tiempo, clandestina. Sus destinatarios no fueron exclusivamente los integrantes de las organizaciones guerrilleras comprometidos con la lucha armada, sino que se extendió a un conjunto de actores sociales y políticos sin vinculación directa con las organizaciones guerrilleras.
El decreto N° 6 de la junta Militar suspendió “la actividad política y de los partidos políticos, en jurisdicción nacional, provincial y munici¬pal”. La ley n.0 21.261 dispuso ‘transitoriamente” la suspensión del “derecho de huelga, como así también el de toda otra medida de fuerza, paro, interrupción o disminución del trabajo o su desempeño en condiciones que de cualquier manera puedan afectar la producción, tanto por parte de trabajadores como de empresarios y de sus respectivas asociaciones u organizaciones”.
Marce525:
Graciass!! :D
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6
LAS CONSECUNECIAS DE LA DICTADURA MILITAR FUERON VARIAS, ENTRE ELLAS ESTAN:
LA DEUDA QUE GENERO POR PEDIR PLATA PRESTADA Y POR EMITIR MONEDA SIN LIMITES.
ABUSO DE PODER QUE LLEVO A MATAR, SECUESTRAR, TORTURAR Y DESAPARECER MILES DE PERSONAS SIN JUSTIFICATIVO ALGUNO.
INSEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL.
INFLACION.
MENOSCABO DE DERECHOS Y LIBERTADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.
DESPRECIO POR EL INDIVIDUO.
AUTORITARISMO MARCADO.
DESCONOCER LO QUE EXPRESA LA CONSTTUCION NACIONAL, YA QUE TODOS LOS DERECHOS, LIBERTADES Y GARANTIAS QUEDAN SUSPENDIDOS AL ASUMIR LOS MILITARES Y SE USA EL ESTATUTO DE REORGANIZACION NACIONAL, QUE ES COMO UNA COSNTITUCION SUPLETORIA HECHA X EL GOBIERNO DE FACTO.
LA DEUDA QUE GENERO POR PEDIR PLATA PRESTADA Y POR EMITIR MONEDA SIN LIMITES.
ABUSO DE PODER QUE LLEVO A MATAR, SECUESTRAR, TORTURAR Y DESAPARECER MILES DE PERSONAS SIN JUSTIFICATIVO ALGUNO.
INSEGURIDAD JURIDICA Y SOCIAL.
INFLACION.
MENOSCABO DE DERECHOS Y LIBERTADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.
DESPRECIO POR EL INDIVIDUO.
AUTORITARISMO MARCADO.
DESCONOCER LO QUE EXPRESA LA CONSTTUCION NACIONAL, YA QUE TODOS LOS DERECHOS, LIBERTADES Y GARANTIAS QUEDAN SUSPENDIDOS AL ASUMIR LOS MILITARES Y SE USA EL ESTATUTO DE REORGANIZACION NACIONAL, QUE ES COMO UNA COSNTITUCION SUPLETORIA HECHA X EL GOBIERNO DE FACTO.
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