Respuestas
La conmemoración hoy del Día Mundial de la Salud se recibirá con un plantón en Antioquia de las clínicas y hospitales, públicos y privados, universidades, usuarios y sectores afines, no para celebrar el acontecimiento, sino para reclamarle al Gobierno Nacional medidas de fondo para evitar una emergencia social, por la grave crisis del sector.
La magnitud de la crisis se percibe con el cierre de hospitales, como el Minerva, de Ibagué; otros trabajando a medias, como la Clínica León XIII de Medellín; salas de urgencia con sobrecupos superiores al 100 %, e IPS de la ciudad, públicos y privados cargadas de deudas, obligaciones e ilíquidas.
Ante la situación, agravada por las deudas que con las IPS oficiales y privadas tienen el Estado, las EPS y los entes territoriales por 5,8 billones de pesos, Juan Carlos Giraldo Valencia, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), clama por acciones urgentes del Gobierno, pues de lo contrario “será inminente una emergencia social”.
Las consecuencias las viven miles de pacientes con el cierre de servicios. Giraldo lo lamenta y anota que “los hospitales se pueden quebrar, las enfermedades aumentarán porque no hay sitios donde atender a los pacientes. Los hospitales no se cierran de una vez: los cierres se dan en servicios y áreas de atención”.
Para los voceros de hospitales, clínicas y gremios, la génesis de la crisis tiene que ver con la falta de ajuste en la regulación de las empresas del sector salud, ineficiencia en la función de vigilancia y control y labores de prevención de las enfermedades.
Crisis en AntioquiaDe los hospitales y clínicas del país, los de Antioquia son los de mayor cartera: 1,6 billones de pesos. Así lo indica Luis Alberto Martínez, director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA), quien desglosa esas obligaciones incumplidas con los hospitales públicos del departamento, empezando por Caprecom que suma una deuda de $80.000 millones. “Ese dinero no sabemos si lo van a pagar porque los activos de Caprecom no alcanzan a cubrir la deuda de todo el país”.
Martínez relaciona la crisis hospitalaria en el departamento con la deuda que dejó Saludcoop por $40.000 millones y a la de Savia Salud, que está en $170.000 millones: “la Nación debe hacerse copartícipe en la financiación de Savia Salud, a través de un mecanismo de capitalización”, afirma.
Sobre la situación de Savia, el gobernador de Antioquia Luis Pérez, conceptuó que “si no le prestamos atención y seguimos tapando el problema, su fracaso será inminente”.
Luis Guillermo Saldarriaga, jefe de la División Administrativa del Hospital Pablo Tobón Uribe y vocero de la Alianza 14+1, acota que “necesitamos que el Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República asignen recursos para que la crisis no siga acabando con los hospitales”.
Para Henri Capmartin, exsecretario de salud y exgerente del Hospital San Rafael de Itagüí, se necesita crear un marco jurídico que le permita al Estado colombiano acceder a recursos que tienen destinación diferente y poder asignarlos al sector salud. Además, debe existir mayor protagonismo de entidades de control como las superintendencias.
El profesor e investigador de la Universidad de Antioquia Jairo Humberto Restrepo aclara que el país se ve abocado a incrementar el gasto en salud para garantizar el cumplimiento de las obligaciones actuales y las que se desprenden de la Ley Estatutaria: “el aumento debe ser de medio a un punto del Producto Interno Bruto, PIB. Entre 4 y 8 billones de pesos anuales”, concluye.Lo estudie en la escuela slds
La actual crisis del sistema de salud en Colombia, que ha generado una creciente insatisfacción entre la ciudadanía, se origina en la Ley 100 de 1993. La crisis se caracteriza por insostenibilidad financiera del sistema con deudas por más de 7 billones de las EPS a los prestadores de servicios de salud y gastos exagerados en medicamentos cuyos precios no controla el gobierno; persistentes barreras de acceso a la atención y mala calidad en la prestación de los servicios, especialmente para los sectores de menores de ingresos; ausencia de un adecuado modelo de atención para intervenir eficazmente los riesgos, determinantes de la salud y los daños que generan; desprotección de las poblaciones rurales y de los pobres de las ciudades por ausencia de oferta de infraestructura, tecnología y recursos humanos sanitarios los cuales, cuando existen, se concentran en las personas de mayores ingresos de los territorios más densamente poblados; insatisfacción creciente del personal de salud por inestabilidad laboral, bajos salarios, carencia de incentivos para sus actividades y pérdida de la autonomía profesional para las decisiones en salud con negativas consecuencias en la calidad y permanencia de la atención. Entre las consecuencias de esta crisis para la salud de la población están la cíclica reemergencia de enfermedades prevenibles o previamente controladas, y las frecuentes complicaciones de los enfermos que no son atendidos u oportunamente tratados; la inadecuada prevención de las enfermedades y la falta de bienestar en condiciones de vida y trabajo; cifras inusitadas de más de un millón cuatrocientas mil muertes evitables en un período relativamente corto (1998 a 2011); y persistencia de brechas de desigualdad social y por regiones en el acceso a la atención y en el estado de salud. Los problemas y consecuencias anteriores evidencian falta de garantías estatales para el disfrute del derecho a la salud porque se ha venido comercializando la organización del sistema de salud y extinguiendo progresivamente la red pública de atención en la medida del crecimiento de la red privada; fortaleciendo el poder de extracción de rentas de la intermediación financiera privada en detrimento del acceso y calidad de la atención y de la autonomía médica; debilitando del poder del gobierno en la defensa del interés general y en la regulación, vigilancia y control de los actores del sistema; incrementando la corrupción en el manejo de los recursos públicos y las prácticas monopólicas entre EPS, prestadores privados e industria farmacéutica. La crisis no ha podido ser resuelta con ninguna de las reformas aprobadas por el Congreso de la República (Ley 1122 del 2017, la ley 1438 del 2011 y la ley 1751 del 2015) ni con ninguna de las medidas adoptadas por el Gobierno para su implementación. La causa de fondo del problema y de sus consecuencias para la población es la privatización y comercialización de la salud en Colombia a través de la intermediación financiera de las EPS, el crecimiento descontrolado de prestadores privados de servicios y de los precios especulativos de los medicamentos por falta de medidas del gobierno contra quienes se enriquecen a costa del dolor y sufrimiento humanos. La solución implica terminar con la privatización y comercialización de la salud en Colombia a través de medidas que permitan transitar progresivamente de la intermediación financiera a un fondo público único de salud que se encargue de la recaudación, administración y asignación de los recursos; fortalecer la red pública y la regulación tanto a ésta como a la creciente red privada; puesta en práctica de la atención primaria en salud en todo el territorio nacional a través de estrategias efectivas de prevención de la enfermedad, promoción de la salud, oportuno tratamiento de las enfermedades y rehabilitación; control efectivo de los precios de los medicamentos; dignificación del trabajo y restitución de la autonomía a los profesionales de la salud. El actual debate electoral a la presidencia de la República de Colombia debe colocar en el centro el futuro del derecho a la salud en Colombia como un derecho humano fundamental. La ciudadanía toda debe estimular este debate para que nunca más se enfermen y mueran por millones los colombianos cuando ello podemos evitarlo. Contamos con el apoyo del Movimiento Para la Salud de los Pueblos (MSP), el Movimiento Nacional por la Salud y la Asociación Latino Americana de Medicina Social (ALAMES), quienes impulsan actualmente la campaña mundial contra la mercantilización de la salud “Todos por la Salud Invito a todos los ciudadanos y ciudadanas a tomar parte de esta jornada por el derecho a la salud del pueblo colombiano y con la petición expresa a los candidatos a la Presidencia de la República sin excepción de terminar con la comercialización y la privatización de la salud en Colombia.