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La bancada de Fuerza Popular logró el martes evitar que el Congreso siga la propuesta presentada por Alberto de Belaunde y que se cree una comisión para investigar al Sodalicio de Vida Cristiana. Como se recuerda, no ha sido poco lo que ha sucedido desde que –en el lejano 2001– el periodista José Enrique Escardó diera la voz de alerta sobre las aberraciones que se daban en el seno de esta institución. Hoy sabemos que 19 menores de edad sufrieron de abuso sexual. Sabemos, además, quiénes fueron los perpetradores.
La verdad, sin embargo, no parece haber despertado al sistema de justicia que tendría que sancionar a esta pandilla. Hace unos meses, la Fiscalía indicó que toda la información que hoy es pública no formaba un cuerpo de indicios suficientemente sólido como para iniciar una investigación que pudiera desembocar en una denuncia. Se dijo que no había pruebas y que algunos de los delitos imputados habrían ya prescrito. Así, la posibilidad de investigar desde el Congreso apareció como una ráfaga de esperanza. Pero se fue.
La pregunta que desde aquí me hago es una sola: ¿cuál es la justificación del fujimorismo para sostener que el abuso sexual a niños no debe ser investigado? Porque aquí nadie estaba pidiendo una condena sin derecho a la defensa ni una cacería de brujas. El poder legislativo estaba reclamando su derecho constitucional de fiscalizar. Pero el fujimorismo no ha sido capaz de permitir que se dé la investigación. Me gustaría una explicación. Porque una sociedad que no está dispuesta a defender la inocencia de sus niños está muerta, podrida.
La justicia –eso sí– va a llegar, tarde o temprano.❧