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En este artículo se analiza el entorno de inseguridad y violencia asociadas con el narcotráfico en la frontera de México con Estados Unidos y las acciones emprendidas por el gobierno federal para desarticular a las organizaciones criminales que pelean el control del mercado y el acceso a los cruces fronterizos para la introducción de drogas a Estados Unidos, partiendo de la hipótesis de que la violencia e inseguridad han estado presentes desde mucho antes en la frontera, pero las agencias responsables del control fronterizo y la seguridad son parte del problema al asociarse con las bandas criminales, mientras que éstas han fortalecido su presencia echando raíces entre sectores de la sociedad fronteriza.
Palabras clave: Frontera, gobierno, narcotráfico, seguridad, corrupción.
A estas alturas no hay duda de que la violencia asociada con el narcotráfico se ha incrementado en México y de modo particular en la frontera con Estados Unidos. Para enfrentar los reclamos de la sociedad que por lustros ha atestiguado y sufrido esa violencia sin acciones efectivas de parte del gobierno en distintos espacios regionales del país,1 el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico apenas entró en funciones, recurriendo de manera abierta al despliegue de tropas a lo largo y ancho del territorio mexicano.2
Como se menciona frecuentemente por analistas y voceros del gobierno es probable que, dada la infiltración de la delincuencia en las policías de todo el país, el gobierno federal no haya tenido más alternativa que recurrir al despliegue del ejército para enfrentar la fuerza de los cárteles de la droga. Hay que tener presente que el tema de la inseguridad en México ha venido cobrando relevancia pública desde la década de 1980 cuando la incidencia delictiva se empezó a manifestar con mayor fuerza, mientras que los delitos asociados con el narcotráfico adquirieron mayor visibilidad, lo que a su vez condujo al involucramiento de las fuerzas armadas en las operaciones de combate a los delitos ligados con el tráfico de drogas, debido a la debilidad estructural que significa la corrupción de las corporaciones policiacas, las cuales han sido penetradas por la delincuencia organizada a la que brindan protección, indicativo de la vulnerabilidad del Estado mexicano en su capacidad de ejercer el control territorial.3
Uno de los espacios territoriales mayormente afectados por la actividad desplegada por las organizaciones delictivas ha sido la frontera con Estados Unidos, particularmente las ciudades de mayor importancia poblacional y económica, donde los homicidios, secuestros y desapariciones han escalado, afectando de diversas formas a la sociedad.4 Por otro lado, la lucha del gobierno mexicano contra el narcotráfico difícilmente se puede entender si no se toma en cuenta la relación de vecindad con Estados Unidos, y en ese sentido, la percepción y la opinión del gobierno de ese país es fundamental para entender las formas y la intensidad que adquiere esa lucha, mostrando así el peso específico que tiene el país vecino en estos asuntos.
En consecuencia, las definiciones de política y las acciones del gobierno mexicano en el combate al narcotráfico adquieren un cierto grado de mediación por la percepción y las señales emitidas por el gobierno estadounidense, sobre todo cuando el teatro de las acciones tiene lugar en la frontera entre los dos países. Como en el verano de 2005 en que tanto la embajada de Estados Unidos en México como el Departamento de Estado llamaron la atención del gobierno mexicano respecto de la violencia en la frontera, llegando a cerrar temporalmente el consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo como una medida extrema que causó molestias en el gobierno mexicano.5
A finales de 2008 y primeros días de 2009 distintos actores de la élite política estadounidense dieron señales de alerta sobre los riesgos que representa para Estados Unidos el poder que han logrado alcanzar las organizaciones criminales en México, ligando ese poder a la vulnerabilidad del Estado mexicano y la corrupción imperante de sus agencias de seguridad, llevando incluso a un debate en torno de las capacidades institucionales del Estado mexicano para ejercer control sobre su territorio y su relación con la posibilidad de estar ante la inminencia de un "Estado fallido".6