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La década de los 90 es referencia necesaria para ubicar la discusión agraria. Es aquí donde se concreta el desmantelamiento de un modelo de desarrollo cepalino del agro concebido en los 70. A pesar de que este proceso inicia en los 80, se da con fuerza en la siguiente década, a través de la aplicación de proyectos como el Programa de Servicios Agrarios (PSA), entre otros; financiados por organismos como el Banco Mundial o el BID.
Desde la perspectiva institucional este modelo aterriza cuando en 1994 se promulga la Ley de Desarrollo Agrario que arrasó con la Ley de Reforma Agraria y eliminó el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hídricos (INERHI) en el mes de octubre del mismo año.
Estas políticas abren un escenario de disputa social en torno al tema del agua. Antes las discusiones tenían un carácter local, se centraban en los lugares donde surgían conflictos por el recurso; solo a partir de 1994 el debate se torna nacional y permanece vigente con diversos picos de intensidad. En el 97-98 el debate se reactivó, existían alrededor de veintinueve proyectos de ley en el Congreso, la expectativa en el 98-99 era contar con una Ley de Aguas.
En respuesta a esto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, introdujo varios mecanismos para evitar la profundización de estas políticas, entre ellos, la articulación de una propuesta de Ley de Aguas, presentada al Congreso Nacional en marzo de 1996.
Con esta breve panorámica -que vale la pena recapitular- vemos que, por parte de la CONAIE en particular, y del Movimiento Indígena en general, existe un posicionamiento histórico con respecto al tema del agua.
Desde su perspectiva, el Movimiento Indígena postuló temas importantes en el debate nacional a través del mencionado proyecto. Temas y derechos que hoy parecen obvios, como la gestión social sobre el agua, o las formas de asignación social de los derechos sobre el agua; se encuentran recogidos en dicha propuesta, en la que está incluida una importante reflexión sobre la institucionalización de las aguas en el país.
Sin embargo, – y a pesar de la profundidad de la propuesta del Movimiento Indígena – existen algunas limitaciones y ausencias en el debate actual. Aparentemente, en la discusión sobre el agua, prima un discurso surgido en la urbanidad que se traslada al mundo indígena.
La consigna “Agua para la soberanía alimentaria”, o “Agua para el riego comunitario” no basta. La reflexión sobre los temas de riego debería ser esencial, el riego es un tópico complejo y, a pesar de que la experiencia del mundo rural es riquísima, la formulación de propuestas para el riego desde el mundo indígena parece insuficiente.
Otro de los puntos débiles podría ser el problema tarifario. Es preciso tratar con detalle el requerimiento que se le hace al Estado para establecer una tarifa mínima o gratuita sobre el recurso, pues podría generarse un efecto búmeran sobre las propias comunidades. Una de las características de los sistemas comunitarios de agua es que han sido autogestionarios, lo que les permite conservar una lógica de autonomía frente al Estado. Si el subsidio estatal se otorga, la dinámica de funcionamiento autónoma se modificaría, de ahí la necesidad de trascender el nivel de la reivindicación y adentrarse en las consecuencias reales de lo que se pide.
En el actual debate, la Consulta Pre-legislativa sobre la Ley de Aguas tiene peso. Este mecanismo es risible si se observan las medidas del régimen, cuestiones como el Plan Nacional de Riego, que será publicado en el Registro Oficial; o los Planes Provinciales de Riego, en los que las instituciones provinciales están negociando y presionando de manera directa sobre la asignación de recursos; son las acciones que realmente definen la política del gobierno.