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Por primera vez, Estados Unidos se sintió vulnerable en su territorio. Al Qaeda atentó contra su cultura, política y sociedad; en definitiva, su estilo de vida. El que para la CIA no representaba ningún atisbo de amenaza, Osama bin Laden, puso en jaque a los norteamericanos, que se enfrentaban a un ente incorpóreo, sin religión, ideología ni régimen que representaba al mayor mal absoluto: el terrorismo transnacional.
En este momento entre los líderes políticos norteamericanos se barajaron varias líneas de acción a seguir, que, a su vez, se enmarcaban en dos posiciones contrapuestas: la de Colin Powel, general de tradición liberal que proponía combatir el terror legalmente, y la de Bush (43 Presidente de EEUU), que seguía la premisa de combatirlo con sus propias armas, con violencia. Esta última fue la que caló en la sociedad, y de cierta manera, fue permitida en el escenario internacional. El 6 de noviembre de 2001 Bush declaraba que “ninguna nación debe dudar de que los Estados Unidos van a perseguir y derrotar a todos los grupos terroristas de alcance mundial”. El 11-S se definía como un acto de guerra al mundo civilizado; y por tanto, había que actuar ipso facto.
En el país se crearon nuevas instituciones como el Ministerio del Interior y se aprobaron leyes bajo la Patriot Act, que otorgaban mayor poder al ejecutivo republicano para combatir el terror, que, a su vez, concedió competencias a la CIA para un casi total control de su población (espionaje interior) y de otros Estados. El Título II de dicha Ley así lo permitía. Es decir, una ley doméstica con alcance global que hoy, aún perdura. En 2011, el presidente y el Senado extendieron hasta 2015 el permiso de espionaje y escuchas telefónicas bajo la necesidad de perseguir a los “lobos solitarios”, permitiendo, una vez más, la intromisión en la privacidad de forma legal. Además, se filtró información contrastada por el ex-analista de la CIA Edward Snowden donde se revelaba la colaboración de compañías telefónicas y de Internet, así como el espionaje a líderes políticos como Angela Merkel; lo que supuso una gran indignación a nivel internacional.
También, se aumentó la vigilancia en la frontera con México, se incrementó el presupuesto militar y se revisó la doctrina nuclear, permitiendo el uso del arma nuclear sobre cualquier Estado patrocinador o amigo del terrorismo. Se sobrepuso la seguridad nacional a los derechos constitucionales de la ciudadanía. Fuera de sus fronteras, reforzaron sus relaciones con otros Estados, especialmente con los regímenes árabes moderados (principales objetivos de estos grupos terroristas), crearon cárceles secretas alrededor del mundo (Guantánamo) y colaboraron con la comunidad internacional.
El poder militar estadounidense había conseguido acabar con el comunismo, estaban preparados para combatir, y así se lo hicieron ver al mundo. Pero ya no servían las mismas tácticas, debían trabajar bajo la defensa anticipatoria, tanto de forma legítima (pre-emptive operation) como ilegítima (preventive war). Pues, según su planteamiento, a un atacante potencial no se le puede persuadir ni disuadir. Y como víctimas tenían derecho a hacerlo, ya se vulnerase el derecho internacional o lo que hiciese falta. La Doctrina Bush rompe con las pautas de la Guerra Fría, ya no es necesario el acuerdo previo para llevar a cabo acciones exteriores.
Reforzaron su unilateralismo frente a una Europa que, por experiencia histórica, renegaba de la guerra y que, además, había dejado ya en manos estadounidenses su defensa hacía 50 años con la capitanía de la OTAN; y frente a una Organización de Naciones Unidas que tampoco los apoyaba y que acabaría debilitándose. Comienza aquí la pacificación y democratización estadounidense
En 2014, el Comité de Inteligencia del Senado reveló que Guantánamo era parte de un “programa de detención secreta indefinida”. Y, aunque en 2008 el presidente Barack Obama ordenó el cierre de los centros de estas características que quedasen por el mundo, ésta sigue abierta como el último reducto donde se mantienen a los prisioneros más relevantes de la guerra contra el terrorismo. Actualmente, solo quedan cuarenta presos, entre ellos, los cinco supuestos responsables del atentado analizado: Jalid Sheij Mohammed, a quien se le atribuye la autoría intelectual del 11-S, el atentado contra el World Trade Center, las explosiones en Bali de 2002 y el asesinato del periodista Daniel Pearl; Ammar al Baluchi (Pakistán, 1977), detenido en 2002 en Karachi por supuesta financiación de los ataques; Walid bin Attash (Yemen, 1978), guardaespaldas de Bin Laden; Ramzi bin al Shibh (Yemen, 1972), facilitador clave de los ataques; y Mustafa al Hawsawi (Arabia Saudí, 1968) financiero de los ataques. Se supone que el 11 de enero de 2021 serán juzgados, aunque parece improbable.
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