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La península ibérica participó plenamente de las dinámicas de la sociedad europea a lo largo de la Edad Media. De manera anacrónica -es decir, proyectando sobre el pasado nuestra forma de ver el mundo-, en muchos textos se denomina a la península ibérica como “España”, pero ello es incorrecto. La España del siglo XXI poco tiene que ver con la realidad geopolítica de los siglos medievales, pues aunque ciertamente existía entre sus habitantes un sentido de pertenencia a una entidad cultural superior que era Hispania -término de origen romano-, lo cierto es que la península estaba dividida en múltiples reinos y no poseían una unidad política entre sí. Ello se explica porque en el siglo VIII la península ibérica fue conquistada por tropas árabes, sirias y beréberes convertidas al islam que impusieron muy rápidamente su dominio político y constituyeron una entidad geopolítica y cultural conocida como al-Andalus. En distintos puntos de la península, los indígenas -de estirpe hispano-romana o visigoda- crearon diversos núcleos de resistencia que andando los siglos se convertirían en auténticos reinos. Ese proceso de conquista militar sobre las tierras andalusíes tuvo dos momentos importantes: el año 1085, cuando el rey Alfonso VI de León conquistó la ciudad de Toledo, sometiendo la mitad de la península al dominio cristiano, y el año 1248, cuando Fernando III, el soberano de Castilla y León, conquistó la ciudad de Sevilla -entonces musulmana- y convirtió en vasallo de Castilla al reino de Granada, también de confesión islámica. De esta suerte, durante la baja Edad Media la península ibérica se dividió en cinco reinos: el reino de Portugal, la Corona de Castilla, la Corona de Aragón, el reino de Navarra y el reino nazarí de Granada, cuyo apelativo proviene de la dinastía reinante: al-Nasr.
A lo largo del siglo XIV se desarrollaron dos procesos históricos sucesivos de enorme relevancia para la conquista de América: por un lado, la lucha entre los reinos cristianos y el reino musulmán de Granada -con el apoyo de los musulmanes del norte de África- por el control del Estrecho de Gibraltar (1300-1348); por el otro, un quiebre dinástico en el reino de Castilla que se saldó con la instauración, a partir de 1369, de una nueva dinastía reinante en aquel territorio: la de la familia Trastámara.
El triunfo cristiano en la batalla del Salado (1348) permitió a los soberanos de Castilla y Portugal acceder a las rutas comerciales del Atlántico y a las fuentes de abastecimiento de oro, marfil y esclavos provenientes del continente africano. Ello se tradujo en que Castilla reclamó para sí la soberanía sobre las islas Canarias y Portugal fundó diversas factorías comerciales en el litoral africano. En la siguiente centuria, ambas Coronas entablarían una lucha política, marítima y comercial por el control de los espacios atlánticos que se saldó en 1479 por medio del tratado de Alcaçovas. Allí, Castilla renunció a realizar incursiones sobre las costas africanas a cambio de la renuncia que hizo el rey de Portugal Alfonso V a sus aspiraciones al trono castellano.
Por su parte, la familia Trastámara se instauró en el trono de Castilla tras una cruenta guerra civil que se insertó en el marco de la Guerra de Cien Años -que opuso a Francia e Inglaterra- y del Cisma de Occidente -que dividió a la Iglesia entre la obediencia a dos pontífices. En la batalla de Montiel (1369), Enrique de Trastámara, hijo bastardo de Alfonso XI, dio muerte a su hermanastro, el rey legítimo Pedro I. Para afianzar su posición en el trono y ganar legitimidad, Enrique II concedió numerosos bienes, tierras y rentas a la nobleza -las llamadas “mercedes enriqueñas”-, lo que empobreció el patrimonio regio y, paradójicamente, acabó debilitando el poder del rey. Los sucesores de Enrique II tuvieron que encontrar diversos mecanismos para imponer su autoridad sobre la nobleza y la Iglesia, buscando el apoyo de las ciudades.
En el año 1410 murió el rey de Aragón Martín V, el Humano, y un miembro de la familia Trastámara fue elegido como monarca de dicho reino bajo el nombre de Fernando I. Desde entonces, las dos ramas de la familia -la de Castilla y la de Aragón- buscaron sumar fuerzas para defender sus intereses -particularmente frente a la casa reinante de Portugal, la familia de Avis- a partir de enlaces matrimoniales. Ello explica que en 1469 los príncipes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón contrajeran matrimonio, no con la idea de “unificar España”, sino de crear una alianza dinástica.
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