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Mucho se ha hablado del fracking en Colombia, que ha grandes rasgos consiste en una forma de explotación de gas y petróleo en yacimientos no convencionales; es una extracción de gas mediante la perforación y luego inyección a alta presión de agua con aditivos químicos y arena[ Cita 1]. Dentro de la discusión sobre la viabilidad del fracking ha aparecido la figura de la Licencia Social, la cual pretende validar socialmente este proceso y se muestra como una herramienta para la protección de derechos en las etapas de estos proyectos[Cita 2].
Las controversias sobre el fracking generalmente generan un enfoque hacia los derechos ambientales, pero de igual manera se deslumbra una injerencia en los derechos relacionados con la participación ciudadana, especialmente cuando consideramos la participación ciudadana como herramienta de balance entre los intereses empresariales y la protección de los derechos sociales[Cita 3].
Adicionalmente, en América Latina encontramos un fenómeno particular, en el cual denota una falta de confianza en las instituciones tradicionales de participación democrática[Cita 4], principalmente considerando los altos niveles de corrupción en las entidades públicas; en razón a lo anterior desde los gobiernos se ha pretendido afianzar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, especialmente en la toma de decisiones en ámbitos locales[Cita 5]. Esto permite generar una mayor confianza en las instituciones, y aporta legitimidad democrática en la toma de decisiones, las cuales impactan directamente en la vida de las comunidades llamadas a participar en estos procesos.
Cabe resaltar, que los mecanismos de participación ciudadana han permitido “prevenir o resolver los conflictos actuales o potenciales que con frecuencia generan las diversas percepciones e intereses inherentes a la temática ambiental”[Cita 6], es tanto así que la participación ciudadana ha sucitado como una herramienta que permite no solo injerencia en la toma de decisiones, sino que tambien ha implicado una forma de acceso a la informaión tanto para actores privados, como estatales[Cita 7]. El acceso a la información permite conocer los verdaderos riesgos inherentes a las actividades empresariales, aspecto importante a considerar cuando se estudia la viabilidad de procesos como el fracking.
Considerando los impactos del fracking en ámbitos ambientales y sociales, la licencia social como mecanismos de participación ciudadana parece ser un instrumento idóneo, por lo menos para otorgar legitimidad a estas técnicas extractivas no convencionales, puesto que este mecanismo no institucional permitirá ejercer control sobre los proyectos, además de generar una confianza necesaria entre la empresa y la comunidad.[Cita 8]
La inclusión de las empresas dentro de los proceso de participación ciudadana tiene un gran potencial, pues desarrollada de forma correcta se traducirá en publicación de información veraz, medidas de protección al medio ambiente, estructuración de practicas empresariales con enfoque de derechos humanos, y sobre todo en una articulación con las comunidades, siendo posible desarrollarse técnicas extractivas no convencionales que permitan un desarrollo sostenible y beneficiosos para todos los participes.
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