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Al pactarse la independencia la corriente generalizada de pensamiento coincidió en indicar que México se encontraba en condiciones de llevar a cabo la deseada integración nacional, la formación de un Estado moderno y una serie de cambios que lo llevarían a la prosperidad económica. Al margen de los buenos augurios, a partir de 1810 la sociedad mexicana vivía un proceso de reorganización, una etapa de transición que iría gestando las nuevas relaciones entre la sociedad política y la sociedad civil. Los principales pactos sociales, temprana y aparentemente legalizados en la constitución de Cádiz (1812), constitución de Apatzingán (1813), tratados de Córdoba y Plan de Iguala (1820-1821), y la constitución federalista de 1824, no tuvieron aplicación política duradera sino coyuntural. Los grupos que buscaban constituir el nuevo contrato social que garantizara la creación de un Estado-nación y participar en dicho pacto de manera hegemónica, manifestaron por más de medio siglo sus divergencias en contiendas armadas y parlamentarias tanto en el nivel nacional, como en el regional y el local. Pero del aparente caos iniciado con la insurgencia (1808-1810), hasta la derrota de la primera generación de liberales reformistas (1834), surgieron los cimientos y los proyectos fundamentales que dieron contenido a las luchas posteriores.
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