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LA JUNTA de Extremadura, gobernada por el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha presentado tres recursos de inconstitucionalidad contra el sistema de financiación autonómica, ya en vigor, pactado por el Gobierno de Aznar con CiU y aprobado luego con el voto de las comunidades autónomas que gobierna el PP. También los socialistas andaluces anuncian nuevos recursos. El motivo argumentado por la Junta extremeña y el PSOE andaluz es que la cesión del 30% del IRPF, y sobre todo el reconocimiento de capacidad normativa sobre la parte cedida del impuesto, rompe la unidad fiscal y quiebra la solidaridad entre las regiones, al perjudicar a las autonomías con menos recursos.El partido socialista ha encontrado en la financiación autonómica el incentivo necesario para practicar una oposición política dura. Es una cuestión importante para la configuración del Estado y muy rentable en términos políticos, puesto que siempre acaba por tocar la cuestión de las desigualdades. No puede acusarse de incoherencia a Rodríguez Ibarra, puesto que ya se opuso a la cesión del 15% cuando la aprobó el Gobierno de González, y con mayor razón lo hace ahora. Otra cosa es que el PSOE, que abrió la caja del IRPF a las comunidades autónomas, ponga ahora el grito en el cielo porque sus sucesores han duplicado el porcentaje de impuesto cedido. La justificación de esta oposición de hoy tienen que buscarla más bien en la capacidad normativa parcial que se reconoce a las autonomías y que en la práctica puede terminar en una guerra de rebajas que sin duda favorece a las más ricas. Pero si la actitud de los socialistas. entierra algunas contradicciones con su propia acción de gobierno, tampoco se queda atrás el Partido Popular.
Baste recordar que en 1993 fue la Xunta que preside Fraga la que materializó un recurso constitucional contra la cesión del 15%, recurso que por falta de resolución ha podido ser retirado a tiempo, ahora que es su propio partido el que profundiza en esa senda. En fin, el escándalo que produce hoy en el Gobierno (del PP) el recurso de constitucionalidad que plantean los presidentes socialistas es paralelo al que en su día provocó Fraga en el Gobierno (del PSOE). Y el PP acusa de irresponsabilidad a quienes le acusaron de lo propio ayer. No parece que la coherencia sea la nota dominante entre nuestros políticos, según estén en la oposición o en el poder.
Aunque el sistema de financiación autonómica en España constituya una fuente inagotable de conflictos y tenga fallos de diseño desde sus comienzos, no es seguro que las concesiones del PP a sus socios políticos de CiU supongan un perjuicio irremediable para las comunidades con menos recursos. Mientras el Constitucional se pronuncia sobre la legalidad de las disposiciones del PP -introducidas en la Ley de Acompañamiento, de los Presupuestos Generales, la reforma de la LOFCA y la Ley de Cesión de Tributos-, bueno será recordar que la independencia financiera de las comunidades autónomas resulta una ficción sin corresponsabilidad fiscal; es decir, si no son responsables de los ingresos públicos, además de serlo de los gastos. Los Gobiernos de las comunidades autónomas han de someter a sus electores la factura de sus decisiones económicas, en lugar de trasladarla al Gobierno central mediante peticiones anuales de dinero.
Precisamente por el carácter político del sistema de financiación autonómica, resulta sumamente arriesgada la tendencia de someter al arbitraje del Tribunal Constitucional los numerosos enfrentamientos que genera su definición e instrumentación. No es descabellado supo ner que el PSOE ha planteado -Un pulso político para obligar al Gobierno a negociar condiciones distintas de financiación con las comunidades que gobierna, pero no es una buena práctica llamar permanentemente a las puertas de la autoridad constitucional para resolver las diferencias circunstanciales entre ambos partidos. El debate sobre las autonomías en el Senado es la oportunidad de definir con claridad las consecuencias del nuevo sistema. Hasta ahora, el PP ha sostenido que la fórmula no será más costosa, al tiempo que sus presidentes auto nómicos no paraban de vender a sus ciudadanos las no tables mejoras obtenidas. Las dos cosas no son posibles: que todos ganen y que la suma no crezca.