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En República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública confirmó el primer caso importado de COVID-19 el 1 de marzo de 2020. Este descubrimiento conllevó al establecimiento de medidas urgentes para frenar la expansión de la enfermedad y proteger la salud y la vida de los ciudadanos. Con temor de que estas medidas pudieran generar impactos en el sistema alimentario, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Banco Mundial (BM) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), en diálogo con el gobierno, llevaron a cabo un monitoreo rápido de los efectos de la pandemia en la seguridad alimentaria del país.
Afortunadamente el estudio no observó, a corto plazo, una reducción de la disponibilidad de alimentos a nivel nacional. El país produce cerca del 80% de los alimentos que consume, y durante el período entre enero y marzo de 2020, la producción agrícola tuvo un incremento de un 4.38% y la producción pecuaria del 5.73%, en comparación con el mismo período en 2019. Los actores de las cadenas de valor consultados indicaron que, en los primeros meses del año, la producción agropecuaria estaba garantizada, y la mayoría de los cultivos estaban sembrados y en plena cosecha. En cuanto a las importaciones de productos agropecuarios, los puertos siguieron activos, por lo que no se previeron importantes problemas de disponibilidad.
Los mismos actores informaron que sus principales limitaciones al inicio de la pandemia eran: i) falta de mano de obra para la cosecha, por restricción en la circulación en horario normal de trabajo; ii) falta de transporte; y, iii) la falta de mercados. Los problemas de circulación y transporte han sido rápidamente solucionados por el gobierno a través de resoluciones, y también se atendieron parcialmente los problemas de mercado.
Sin embargo, la falta de compradores, particularmente por la brusca caída del turismo, generó una reducción de las ventas. Esto impactó los ingresos de los productores agropecuarios, quienes podrían tener, a corto o mediano plazo, tendencia a reducir la producción para adaptarse al mercado y una reducida capacidad de inversión. Esto, a su vez, podría reducir la necesidad de mano de obra rural y los ingresos de hogares muy vulnerables de trabajadores rurales, con menos acceso a programas sociales gubernamentales. Otro aspecto importante, en relación con las importaciones, es la pérdida de valor del peso frente al dólar que podría provocar aumento de precios o escasez de insumos agropecuarios en los mercados.
En los primeros meses de incidencia de la COVID-19 no se han producido aumentos muy significativos de los precios de los alimentos. En el caso de los rubros de primera necesidad, la reducción de la demanda desde los centros turísticos, así como la necesidad de colocar en el mercado la producción destinada a exportación, ha puesto presión hacia abajo en los precios a nivel del productor.
En cuanto al consumo de productos alimenticios, no se refleja una caída significativa con respecto a lo esperado. La disponibilidad de bienes alimenticios de producción nacional e importados ha sido adecuada para satisfacer la demanda. Sin embargo, se observó una reducción de la demanda de alimentos en las zonas turísticas y se espera que esta situación se mantenga en los próximos meses. Asimismo, se espera que la disminución de los ingresos debido a la pérdida de empleos y reducción de las remesas pueda afectar la capacidad de consumo de la población.
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