B. Escriba 4 contradicciones que se establezcan entre los textos.
Estado de situación de las personas adultas mayores
A medida que se envejece, las personas NO se vuelven descartables. Son miembros activos de la sociedad, núcleos y ejes de familias, compañías, cuidadores, trabajadores, investigadores y vecinos (Help Age, 2020). El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la resolución 45/106, designó el 1 de octubre Día Internacional de las Personas de Edad, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad en general sobre la importancia de erradicar los prejuicios existentes sobre las personas adultas mayores. De acuerdo con Naciones Unidas entre 2015 y 2030 se espera que el número de personas de 60 años o más aumente de 901 millones a 1 400 millones. La Agenda para la Protección de los Derechos de personas Adultas Mayores del Distrito Metropolitano de Quito destaca y de acuerdo con el INEC-2010 en el Ecuador las personas adultas mayores eran 940.905 lo que representaba el 6,6% de la población total, 53% son mujeres y 47%, hombres. La Población Adulta Mayor que habita en el DMQ alcanza las 141 516 personas, que representan 6,32% del total de la población; de este porcentaje, 56,6 % son mujeres y el 44,4% son hombres. La Constitución de la República del Ecuador reconoce a las personas adultas mayores como un grupo de atención prioritaria, por lo que deben recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia (Art 36). El Estado ecuatoriano debe garantizar a las personas adultas mayores el derecho a una atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. Un trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones. La jubilación universal. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. Exenciones en el régimen tributario. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y consentimiento (Art.37). La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, recoge datos estadísticos que permite evidenciar que el cumplimiento de los derechos de los adultos mayores o no se cumplen o se cumplen de manera insatisfactoria, misma que se ha visto agravada por la Emergencia Sanitaria (INREDH, 2020) El Censo de Población y Vivienda del INEC 2010, indica que el 57.4% de la población adulta mayor se encuentra en condiciones de pobreza o extrema pobreza y son pocos los que acceden a recibir una pensión patronal. Partiendo de que la población adulta mayor, está en el 10% de la población en general, o sea alrededor de 1 ‘662.000 personas. De esta cifra, según el Boletín Estadístico del INEC a finales del 2018, apenas 468.717 están registrados como pensionistas de jubilación, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) La Violencia intrafamiliar y el desalojo de sus viviendas, la pérdida de su patrimonio son solo unos de los tantos ejemplos que sufren los adultos mayores en el país, según las cifras mostradas. Además, según la Organización de Naciones Unidas (ONU) este grupo vulnerable sufre el 95% de maltrato psicológico, el 85% sufre de insultos por parte de sus familiares, el 40% sufre amenazas de muerte y el 48.8% sufre de rechazo, de sus familiares y amigos más cercanos. La emergencia sanitaria ha develado todos los hechos de violencia y discriminación que viven las personas adultas mayores, en donde el Estado como garante de derechos no ha dado respuesta efectiva a sus múltiples necesidades, tal es así que por ejemplo los servicios de atención a personas adultas mayores a través de convenios se encuentran sin la asignación presupuestaria correspondiente. Las personas adultas mayores lamentablemente siguen siendo víctimas de violencia, abandono, falta de acceso a salud, seguridad social, trabajo entre otros y, dentro de este grupo las más vulnerables siguen siendo las mujeres adultas mayores. En este escenario el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, llama la atención al Estado ecuatoriano para que constitucionalmente garantice el acceso, ejercicio y goce efectivo de los derechos de las personas adultas mayores generando servicios de calidad con calidez y la inclusión en todos los espacios de las personas adultas mayores a fin de dignificar su existencia como sujetos de derechos, e insta a la sociedad civil a estar vigilante del cumplimento del rol del Estado como garante en la protección de los derechos de las personas adultos mayores a modificar los patrones culturales que invisibilizan, excluyen y discriminan a la población adulta mayor.
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