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on esta aseveración se presentó este miércoles 8 de noviembre de 2017, el II Informe de veeduría humanitaria: “Los claros oscuros del camino hacia la paz”, realizado por DiP az (Diálogo Intereclesial por la Paz de Colombia), en hotel Suites Jones, en Bogotá.
Bogotá, 8 de noviembre.- Con el objetivo de dar a conocer lo que está sucediendo en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), anteriores zonas veredales transitorias de normalización o puntos de normalización, DiPaz presentó, en la ciudad de Bogotá, su II Informe de veeduría humanitaria: “Los claros oscuros del camino hacia la paz”.
En el presente informe se hace evidente que las expectativas de las comunidades sobre inversión y adecuación de vías y servicios públicos no han sido satisfechas. Hay problemas para la implementación de los protocolos de seguridad para integrantes de las Farc y las comunidades. Hay avances en el traslado y la definición de la situación jurídica de presos ex combatientes, pero son evidentes las dificultades en servicios básicos dentro de la zona de concentración de presos trasladados. Cerca del 50% de los miembros de las Farc privados de la libertad que cumplían los requisitos para acceder a la libertad condicionada, siguen con privación de la libertad.
Asimismo, hay amenazas, atentados y asesinatos de líderes y liderezas sociales y otras acciones de control, ejercidas por paramilitares y otros grupos armados. Existe presencia paramilitar en los territorios cercanos a las zonas de La Florida, La Elvira, Pueblo Nuevo, Llanogrande, Monterredondo, y El Gallo. Hay desplazamiento forzado y confinamiento en el Bajo Atrato, Chocó. Y se tiene conocimiento del asesinato de un líder social en Cauca y un integrante de las Farc-EP en El Tarra. En total a nivel nacional han sido asesinados 32 integrantes de Farc. El Estado colombiano no ha logrado copar con la presencia de la Fuerza Pública o la prestación de servicios como salud, educación, etc.
En cuanto a las amnistías, indultos y tratamientos especiales y la Jurisdicción especial para la paz, en lo referente específicamente a la responsabilidad de mando y responsabilidad de terceros, el informe resalta que si bien el Congreso de la Republica expidió la Ley 1820 de 2016 en el tiempo esperado, su aplicación exigió de nuevos decretos para impulsar la acción del poder judicial.
Igualmente, se ha planteado que la norma no cuenta con herramientas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, particularmente los aportes a la verdad y a la reparación de las víctimas.
En cuanto a la Jurisdicción Especial de Paz, el informe resalta que en cuanto a la responsabilidad del mando existen diferentes polémicas jurídicas sobre el marco jurídico interno y externo aplicable; sobre la exclusión de la calidad del conocimiento de quien dio la orden; y sobre cuáles eran las condiciones de la situación al momento de la orden.
En la responsabilidad de terceros, se abrió la posibilidad de adelantar procesos de investigación y juzgamiento a terceros civiles por su participación en el conflicto armado. Esto es un paso significativo en el reconocimiento de la complejidad del conflicto armado en Colombia, el cual ha incluido la intervención de empresas y compañías nacionales e internacionales que han colaborado o financiado estructuras armadas.
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