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Una de las muchas estrategias que se han empleado en la criminalización de la protesta, tanto históricamente como actualmente, es la acusación de irracionalidad de los que protestan. Bajo esta visión, las personas, en los momentos colectivos, se dejarían llevar por sus impulsos y pasiones, como la ira o el miedo, actuando de manera irracional, con violencia y amenazando el estatus quo. De la misma manera, el uso del acrónimo NIMBY (not in my back yard, no en mi patio trasero) es utilizado desde los años setenta del siglo XX para descreditar y desprestigiar a los colectivos y comités de ciudadanos que se oponen a instalaciones que amenazan su territorio, su salud y su vida, acusándolos de irracionalidad, ignorancia y egoísmo. Según esta perspectiva, las autoridades representarían el interés cívico–racional, mientras las personas que se oponen, el interés personal–irracional
Es decir, las personas que se oponen a la instalación de un vertedero, o a la construcción de un helio o aeropuerto, una autopista, al desperdicio de agua potable o la tala de arboles, entre otras cosas, actuarían de manera irracional porque se dejarían llevar por emociones como el miedo.
El miedo o la inseguridad que la gente siente cuando piensa que podría enfermarse a causa de un vertedero o por la falta de agua potable, son consideradas respuestas irracionales por los promotores, porque no son acompañadas por datos y estadísticas de riesgo proporcionados por expertos a los cuales las personas tendrían que delegar su seguridad. Pero, como veremos a lo largo de este escrito, este es un uso estratégico del concepto de racionalidad. En realidad, la racionalidad consiste en actuar tomando en cuenta la experiencia del sujeto, la cual incluye sus emociones, por eso puede ser perfectamente racional no confiar en las autoridades que han demostrado no ser confiables u oponerse a algo que por experiencia puede producir daño.
Una extensa literatura sociológica ya mostró que los ciudadanos que se oponen al uso indeseado del territorio no son ni egoístas ni irracionales y, que al contrario, son experiencias que fortalecen y enriquecen los procesos democráticos. Pero, es importante entender porqué la acusación de irracionalidad es tan difusa y efectiva a la hora de deslegitimar a los que protestan.
El argumento de la racionalidad es una herramienta que se emplea para descreditar y deslegitimar los comportamientos y sentimientos que no siguen las reglas sociales establecidas. En algunas culturas es comúnmente aceptado que quien expresa sus emociones es débil, pero además en cada cultura existen reglas que guían quién, cómo y cuándo hay que expresar diferentes emociones. Como muestra la socióloga alemana Helena Flam (2005), los actores que detentan el poder, sean el estado o el padre de familia en una sociedad patriarcal, pueden expresar rabia y ejercer la violencia de manera legitima, mientras que los sin poder cuando expresan su rabia son acusados de ser violentos y son presentados socialmente como un problema.