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1. ¿Qué hizo la Corte Constitucional ayer?
La Corte tumbó la espina dorsal de la reforma de poderes que pretendía cambiar la forma en que se administra la justicia y se juzga a los magistrados dentro de la Rama Judicial.
En la práctica, tumbó el Consejo de Gobierno Judicial, dio vía libre a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y le dio la facultad de nombrar a los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina.
2. Un momento, ¿qué es el Consejo Superior de la Judicatura?
Es una de las cuatro altas cortes –junto con Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado– que integran la Rama Judicial y fueron creadas en la Constitución de 1991. Él se encarga del manejo de los recursos y de la disciplina de los jueces. Sin embargo, en los últimos años ha sido ampliamente cuestionado por ineficientes manejos de estas dos competencias y se ha visto envuelto en varios escándalos de corrupción.
3. Y ¿qué plantea la reforma de equilibrio de poderes?
Entre varias cosas, reemplazar el Consejo Superior de la Judicatura (que administra la justicia) por un Consejo de Gobierno Judicial. Y, al mismo tiempo, reemplazar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes (que juzga a los magistrados y al Fiscal) por una Comisión de Aforados.
En otras palabras, con esta reforma se busca resolver la crisis de la justicia que se vivió en 2015 (que incluyó casos de corrupción, tráfico de influencias, entre otros).
4. ¿Para qué cambiarlo?
Para quitarle cargos burocráticos a la Rama Judicial y ser más eficientes en el manejo de recursos al nombrar una especie de junta directiva (el Consejo de Gobierno Judicial) que administrara la justicia y que estuviera integrada por los presidentes de las altas cortes (Suprema, Constitucional y Consejo de Estado), otros representantes de la rama, y a la cabeza de un gerente. En total serían nueve miembros, a diferencia de los 13 magistrados que actualmente integran el Consejo Superior de Judicatura.
Por su parte, la Comisión de Acusaciones de la Cámara está tan desprestigiada que se le conoce como la “Comisión de Absoluciones” ya que nunca ha dictaminado una sentencia en contra de ningún investigado. El tribunal que la reemplazaría (la Comisión de Aforados) sería integrado por jueces encargados de investigar a los magistrados y al Fiscal.
5. ¿Quién presentó la reforma?
El Gobierno Nacional, y fue aprobada por el Congreso vía Acto Legislativo (que es el método que tienen los congresistas para modificar la Constitución).
6. Entonces, ¿Qué decidió la Corte?
La Corte decidió mantener la estructura del Consejo Superior de la Judicatura al salvar la Sala Administrativa de este tribunal, y declarar inconstitucional el Consejo de Gobierno Judicial ya que este “sustituiría” la Constitución Nacional. Además, le dio la facultad de nombrar a los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina, otro órgano creado por la reforma que ahora pasará a integrar esta alta corte.
7. ¿Qué implica esto?
Esto implica que la estructura de la Rama Judicial no sea modificada y que los magistrados continuarán siendo juzgados sólo por la Cámara de Representantes. Sin embargo, la Corte luego aclaró a través de un comunicado que ya que el Consejo de Gobierno no podrá existir, las funciones de la Comisión de Aforados y de la Comisión Disciplinaria deberán ser asumidas por el Consejo de la Judicatura. Es decir, este último termina con más poder.
8. ¿Cómo le afecta a los ciudadanos?
La decisión que tomó la Corte Constitucional pareciera lejana a las personas del común. Sin embargo, de la correcta administración de la Justicia dependen cosas tan simples como que los juzgados estén bien previstos y que existan funcionarios disponibles para atender los casos que se presenten.
9. ¿Qué viene ahora?
Quedan dos caminos. Presentar en el Congreso otro Acto Legislativo que reforme la Justicia y esperar a que este obtenga el visto bueno de los magistrados para que sea aprobado. O, como han propuesto muchos congresistas (entre estos el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco) convocar una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución sin pasar por la Corte Constitucional.
10. Al final, ¿Quién gana y quién pierde?
Con esta decisión, los magistrados ratifican su poder y el control de su rama. Ganan las altas cortes porque todas se opusieron a la reforma de equilibrio de poderes que fue propuesta por el Gobierno Nacional. También gana el fiscal que demandó la reforma una vez que esta salió del Congreso.
Pierden el Gobierno y los congresistas. También pierde la imagen de la Justicia en el país que permanecerá siendo asociada con los más recientes escándalos.