Respuestas
Respuesta:
Esta posición tiende a considerar que el gobierno tiene un papel legítimo en apoyar o incluso promover valores sociales y morales en la sociedad. Sin embargo, no hay un acuerdo general acerca de cuales serían exactamente tales valores, así, es difícil generalizar al respecto.
El fraude electoral es la intervención ilícita de un proceso electoral con el propósito de impedir, anular o modificar los resultados reales ya sea aumentando la cantidad de votos del candidato favorecido, disminuyendo las de los candidatos rivales, o ambas. Lo que constituye fraude electoral varía de país en país.
Explicación:
Una lectura posible es pensar en la legalidad y la legitimidad de los gobiernos. Términos disímiles que nos refieren, por un lado, en el orden de la legalidad, a aquello que se ajusta al ordenamiento jurídico vigente, configura el principio jurídico en virtud del cual los ciudadanos y todos los poderes públicos están sometidos a la ley. En síntesis, la legalidad es la norma.Por otro lado, la legitimidad está relacionada con el mundo de las creencias, con el consenso que los gobernados otorgan a sus gobernantes y que asegura la obediencia de aquellos posibilitando la gobernabilidad.
Susana Piazzesi es historiadora y se desempeña como profesora en la cátedra de Historia Institucional Argentina, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde dirige un proyecto de investigación centralizado en el estudio de las prácticas políticas en la primera mitad del siglo XX.
En nuestro país, a partir de 1912, la democracia electoral se constituye en una fuente principal de legitimidad para el ejercicio del poder político. El quiebre institucional de 1930 significa un desplazamiento de esta fuente de legitimidad, abriendo un abanico de opciones frente a las prácticas electorales y los sistemas de representación. Como es sabido, los intentos de Uriburu de modificar las instituciones de la tradición liberal no prosperaron. Será bajo el liderazgo de Agustín P. Justo que se impondrá una nueva estrategia, que mantiene formalmente la tradición institucional inaugurada en 1912, mientras la niega al someterla al ejercicio sistemático del fraude electoral. Esta estrategia basada en el fraude recién se impondrá en la segunda mitad de la década del treinta. La Intervención Federal de 1935 clausura la experiencia de gobierno de la Democracia Progresista desplazando a Luciano Molinas de la gobernación. Se inaugura entonces una nueva etapa, signada por la manipulación electoral, y en la que el poder político estará en manos del Antipersonalismo. Esta etapa de predominio del Antipersonalismo en la provincia se extiende hasta el golpe militar de 1943 y, en ese marco, se desarrollan los gobiernos encabezados por Simón de Iriondo (1937 a 1941) y Joaquín Argonz (1941 a 1943). A partir de la Intervención Federal de 1935, los gobiernos que se suceden van a mantener la fachada institucional, convocando periódicamente a elecciones, pero éstas van a estar teñidas por el fraude. La construcción de legitimidad va a estar signada por la obra pública. En esto es importante distinguir dos tipos de legitimidades: legitimidad de sistema y legitimidad de gobierno. La vigencia del fraude electoral pone entre paréntesis la legitimidad de sistema, mientras la legitimidad de gobierno se sobredimensiona. La ilegitimidad de sistema traslada todo el peso de la producción de legitimidad a la acción gubernamental. La gestión de un gobierno es esencial para construir y reforzar su legitimidad, en la medida que estamos ante una construcción, es decir que son los integrantes de una sociedad los que otorgan o retiran la legitimidad día a día, y que ésta no existe independientemente de las acciones concretas de los miembros de una sociedad. En estos años que nos interesan, la gestión gubernamental se constituye en una fuente de legitimidad de sustitución: la acción gubernativa se esfuerza por paliar la ilegitimidad de origen.