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El Legislador Provincial del Frente Cívico, integrante del Interbloque Cambiemos, Dr. Juan Pablo Quinteros a propósito de la difusión de datos del INDEC, de fines de 2016, donde se consiga que en el Gran Córdoba la pobreza alcanza al 40,5% de la población mientras el 10,8% se encuentran en la pobreza extrema o indigencia lo que pone a nuestra provincia al tope de estas estadísticas a nivel nacional.
Al respecto el legislador juecista puntualizó: “El gobierno provincial no puede desentenderse de estos datos, la Provincia tiene a su cargo las dos armas más importantes para disminuir la pobreza estructural, principalmente en los jóvenes y niños: la educación y la salud pública. Destaquemos este dato, en el año 1999, cuando inicia la primera gestión de UPC en el Gobierno, la pobreza en Córdoba se encontraba en torno al 26,7% de la población, alcanzando en octubre de 2001 un 36,2% de pobres y 12% de indigentes, situación que culminó en la ya conocida crisis del año 2002. Es decir, en 18 años de gestión no solo no ha mejorado la situación de las familias, sino que toda una generación de jóvenes, que hoy ya son adultos, no conocieron otra forma de vivir: la pobreza”.
El legislador del Frente Cívico agregó: “En materia de educación un dato categórico es que, llevando más de un mes desde el inicio del ciclo lectivo, en el corriente año no se van a alcanzar los mínimos días de clases fijados por la Ley de Educación, ya que el calendario académico fijó la cantidad de días de clases en 180 y con los paros acaecidos ya no se alcanzará el mínimo fijado por dicha ley, tal como viene ocurriendo en los últimos años. El ofrecimiento de incremento salarial para el sector docente fue de un 18% sobre sueldos que, recién con 13 años de antigüedad, superan la línea de pobreza, sin duda alguna, los docentes pobres son responsabilidad de los sucesivos gobiernos de Schiaretti y De la Sota. El Gobierno de Córdoba tiene a su cargo el programa más importante para la lucha contra la desnutrición infantil y la pronta escolaridad, el PAICOR. El Programa de Asistencia Integral de Córdoba, es un emblema de las políticas de Estado en nuestra provincia, y está a punto de cumplir 33 años. El perverso ajuste que el Gobierno Provincial viene progresivamente efectuando en el programa, recortando la cantidad de beneficiarios no se condice con el discurso oficial. Como ejemplo podemos citar que el PAICOR alcanzó su punto más alto en 2014 con 246.608 alumnos, y en el año 2016 se decidió cambiar la línea de ingresos utilizada por una menor, disminuyendo drásticamente los beneficiarios a 187.028 niños y jóvenes, lo que significa una reducción del 31,86% del padrón. Todo esto en clara contradicción con los presupuesto disponibles para los diferentes años, ya que en el año 2016 el incremento del mismo fue del 42,86% pero gran parte del aumento se gastó en la descentralización planteada por el gobierno provincial. Para el ciclo lectivo 2017 el incremento en el presupuesto ronda el 18%, lo cual, con una inflación anual mínima del mismo porcentaje, hace pensar que no se incorporarán grandes cambios al padrón total.
En cuanto a la salud pública, el tratamiento es similar al de la educación, persistentes problemas edilicios, sucesivos paros de médicos y enfermeros de las diferentes especialidades, falta de remedios e insumos son sólo algunos de los graves problemas que evidencia el sector. Si el 44% de la población acude al sistema público, es absolutamente claro que el abandono y la desidia colabora claramente a elevar las estadísticas que el gobierno provincial se quiere sacar de encima”.
“De la Sota, De la Sota Schiaretti, De la Sota, Schiaretti no es un juego de palabras, es la expresión de un círculo vicioso de poder en la Provincia de Córdoba que en 2019 cumplirá 20 años de gobierno. Ya ni siquiera esperamos que acepten su responsabilidad, el anhelo, de mínima, es que al menos dejen de buscar culpas ajenas y asuman responsabilidades propias”, finalizó Quinteros.
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Sus tareas incluyen aprobar y actualizar el plan nacional de desarrollo. Definición de rumbos y políticas a corto, medio y largo plazo. Establece estándares para la calidad, cantidad y efectividad de las políticas públicas nacionales en el campo de la planificación y el desarrollo del uso de la tierra.
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