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El Segundo Imperio Mexicano
Las reclamaciones financieras de Francia, España e Inglaterra al gobierno mexicano, encabezado por Benito Juárez, dieron pie al proceso de establecimiento del Segundo Imperio. A las exigencias siguió la invasión del puerto de Veracruz; los convenios de La Soledad; el retiro de las tropas españolas e inglesas y el avance del ejército francés, que culminó con la toma de la Ciudad de México; el establecimiento de una asamblea de notables, que optó por un gobierno monárquico para el país y el funcionamiento de una regencia, en tanto llegaba a México el príncipe católico que dirigiría los destinos nacionales como emperador.
El 3 de octubre de 1863, una comisión de notables mexicanos se presentó en el castillo de Miramar, para brindar al archiduque Fernando Maximiliano de Austria la corona imperial mexicana. El ofrecimiento fue rechazado parcialmente, es decir, él puso dos condiciones: pidió pruebas escritas del deseo del pueblo mexicano de aceptarlo como emperador y que Francia le proporcionara garantías para salvaguardar al imperio de cualquier peligro, que atentara contra su integridad e independencia. El 10 de abril de 1864, después de allanar varios obstáculos, la comisión se presentó de nuevo en Miramar a reiterar el ofrecimiento. En esta ocasión, el archiduque no puso reparos y aceptó. El 28 de mayo de 1864 llegaron los emperadores al puerto de Veracruz y el 12 de junio entraron a la Ciudad de México. Una de las tareas principales que enfrentó el soberano al hacerse cargo del gobierno, fue establecer las instituciones que regirían al imperio. Sin embargo, en el corto plazo no avanzó de manera significativa en esa dirección, pues sólo estableció un gabinete ministerial, encargado de ayudarlo a gobernar el país.
El Estatuto Provisional del Imperio Mexicano
Antes de describir el contenido del Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, es conveniente aclarar a qué se refiere al documento. Para hacerlo, se analizará el término desde las perspectivas jurídica e histórica. Según la primera, actualmente se considera un estatuto "[...] a una ley, ordenanza o reglamento y también al conjunto de leyes o reglas relativas a una materia jurídica determinada [...]" (Trigueros Gaisman 2002, 858). Según la perspectiva jurídica del siglo XIX, se le definió como "El establecimiento ó regla que tiene fuerza de ley para el gobierno de algun cuerpo." (Escriche 1885, 243). Un diccionario común de la misma centuria definió la palabra también en términos jurídicos: "[...] cada una de las instrucciones, ordenanzas, establecimientos, reglamentos ó reglas que tienen fuerza ó autoridad de ley, para el gobierno de algun cuerpo, de alguna sociedad [...]" (Nuevo diccionario de la lengua castellana 1888, 550).
Explicación:
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