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La mejor sistematización de ese proceso es la teoría de las olas de la democracia, que Huntington puso de moda, con fines académicos más que plausibles, a finales del siglo pasado. Según esta teoría, la expansión mundial de la democracia se hace por ciclos circunstanciales que superan barreras cada vez más refinadas. Y por eso situamos la primera y larga ola en la crisis del antiguo régimen, cuando todavía se discutía si la democracia era un régimen más o menos perfecto que el absolutismo monárquico. La segunda ola fue la encargada de laminar el intento de establecer tipologías democráticas que, bajo el señuelo de las contradicciones esenciales del sistema liberal, dieron a luz a las democracias populares (verdaderas dictaduras colectivistas), y a las democracias orgánicas (que supeditaron la libertad política a una abstracta definición de la grandeza del Estado). Y la tercera ola -en la que aún estamos- trata de rebasar a los que, sin combatir abiertamente las bondades de la democracia, cuestionan la capacidad de ciertos pueblos para practicarla, o excluyen del debate algunos principios de orden y autoridad que se consideran esenciales para el progreso.
Aunque esta tercera ola -mezclada ya con la cuarta- es contemporánea, los males que combate fueron diagnosticados por Stuart Mill en 1859, cuando imputó a la opinión correcta -la que impone sutiles límites sociales al pensamiento y a la acción- como el ataque más serio y permanente contra la libertad democrática. Para Mill era evidente que la libertad de pensar y debatir no puede tener excepciones de ninguna clase, ni las que protegen los marcos legales y constitucionales, ni las que tratan de reforzar ideas o principios de aceptación general. La ley -decía Mill- puede prohibir acciones, pero no opiniones, porque, si alguna parte del orden actual fuese incuestionable, quedarían frenadas las dinámicas de cambio, y se crearía un sistema de control contrario, en todo, a la esencia de la democracia.