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Su prevalencia en prácticamente todos los ámbitos de su vida refleja la desigualdad imperante entre los géneros y la magnitud del deterioro del tejido social, pues no sólo afecta su dignidad personal, sino que debilita las bases de la convivencia pacífica y limita el desarrollo y crecimiento del país.
Las prácticas sexistas y patriarcales que persisten en la sociedad, encuentran su mejor aliado en la indiferencia, la tolerancia y la impunidad de los crímenes que se cometen a diario contra las mujeres, quienes además de hacer frente a las consecuencias de la violencia que han padecido, tienen que lidiar frecuentemente con la que ejercen las autoridades por acción, negligencia u omisión de garantizar niveles mínimos y razonables de protección a su integridad y derechos humanos.
El feminicidio es la manifestación extrema de la violencia contra las mujeres; la lucha por su tipificación expresa en los códigos penales ha tenido su fundamento ideológico en los primeros instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de ese grupo poblacional, en particular la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y las resoluciones de organismos internacionales, como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso González y Otras vs México” en 2009, conocido como “Campo algodonero”.
Con ello, se dio un primer paso para allanar, por ejemplo, el acceso a la justicia de los familiares de las innumerables víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, y posteriormente, con el impulso de determinaciones del Poder Judicial de la Federación y los tribunales estatales, los pronunciamientos y recomendaciones de Organismos Públicos de Derechos Humanos, y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y la academia, fue posible generar reformas normativas y reglamentarias, así como la elaboración de protocolos y modelos de atención para las víctimas de la violencia de género a partir de grupos etarios: niñas, mujeres jóvenes y mujeres mayores, cuya aplicación, observancia y estudio son de carácter obligatorio para todas las autoridades.
El Derecho es una herramienta de transformación social que aspira a realizar los valores máximos de justicia, igualdad, democracia y seguridad en beneficio de las y los integrantes de la sociedad; sin embargo, sabemos que la sola existencia de normas no garantiza su aplicación efectiva, ni la protección de las mujeres contra la violencia, pues se requiere visibilizar, denunciar, sancionar y, sobre todo, prevenir, mediante la acción articulada de actores gubernamentales, sociales, privados y desde luego de los poderes judiciales y los Organismos Públicos de Derechos Humanos.
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