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Hace unas semanas, el COVID-19 cambió radicalmente nuestras vidas y, cómo si no fuera suficiente, la corrupción nos estaba esperando en las sombras. Desafortunadamente, este mal atenta contra todo y todos: la Paz, el Planeta, la Prosperidad, las Personas y las Partnerships (Alianzas), las cinco “Ps” de la Agenda 2030.
La salud – nada menos que un derecho humano – no es la excepción. De hecho, las personas más vulnerables y desfavorecidas son las primeras en sufrir las consecuencias de este flagelo: pobres, LGBTI+, migrantes y enfermos. La corrupción pone la vida misma – nuestro derecho más preciado – en peligro. Literalmente. La vida de gente como usted y como yo, la de un ser querido, una amiga, un conocido, una vecina o un colega. No somos estadísticas, somos ciudadanas y ciudadanos que ejercemos una función social en nuestras comunidades.
Cada niña, niño, joven, adulto, anciana y anciano sin acceso a servicios de salud, es una víctima visible o invisible de la correlación entre el daño social de la corrupción y la violación de derechos humanos.
Si queremos vivir en sociedades que no dejan a nadie atrás y alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, debemos defender los derechos humanos y atacar la corrupción. Afortunadamente, los derechos humanos, la integridad y el buen gobierno se basan en los mismos principios, como la transparencia, rendición de cuentas e inclusión.
Absolutamente todas las personas podemos contribuir: el sector público, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, los medios de comunicación, usted y yo.
Al copatrocinar la Resolución de las Naciones Unidas sobre COVID-19 del 30 de abril, dio un mensaje contra el poder corrosivo de la corrupción. En última instancia, se trata de garantizar el acceso justo, transparente y equitativo de todos los equipos e insumos para la atención de la pandemia a nivel mundial.
La participación ciudadana y la confianza son clave porque la corrupción precisamente rompe los vínculos entre la ciudadanía y la administración pública, igual que entre los negocios y los consumidores. Una sociedad carente de confianza entre sus instituciones y la ciudadanía es una sociedad sin brújula. Llámese buen gobierno, integridad o ética, las medidas anticorrupción tienen que incorporarse en toda la función pública.
Espero ayudar dame corazón y coronita por favor