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La Constitución Política de 1991 consagró una serie de órganos de control que fueron creados con la finalidad de vigilar a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, así como la correcta destinación de los recursos estatales y la gestión administrativa. En la previsión original de la Carta Política, los tribunales eran los encargados de definir las ternas que eran sometidas a votación de los concejales y diputados. La intervención de los magistrados pretendía garantizar la transparencia del proceso. Sin embargo, la participación de los concejos y asambleas en la elección pervirtió dicho procedimiento. Se rumoraba que para ser designado en estos cargos se debían pagar altas sumas de dinero.
Con la Reforma Constitucional 02 de 2015 -llamada reforma del equilibrio de los poderes-, se incluyó una convocatoria pública para elegir estos funcionarios. No obstante, el remedio resultó peor que la enfermedad. Son de público conocimiento los escándalos de corrupción vividos hace cuatro años en la elección de personero y contralor municipal en Neiva. Estos órganos creados para luchar contra tal flagelo terminaron siendo agentes generadores de dicho mal.