Realiza una comparación entre la década de 1960-1970 y la de 1970-1979, destaca el papel de las Fuerzas Armadas y los movimientos sociales
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Respuesta:
Desde mediados de la década de los cuarenta, El Salvador comenzó una difícil evolución social, política y económica llena de tensiones y conflictos entre los actores sociopolíticos y económicos del país, los cuales la mayor parte de veces se tradujeron en crisis sociopolíticas marcadas por la confrontación entre aquellos que daban vida a las lógicas contradictorias: las clases medias, cuyos miembros más lúcidos –estudiantes, profesores, empleados— asumían y daban expresión al malestar de la sociedad ante los diversos tipos de exclusión de que era objeto; el estamento militar en cuyo seno pervivían orientaciones diversas y hasta encontradas acerca del modo cómo enfrentar el malestar de la sociedad –con la coacción o la apertura institucional--; y los grupos de poder económico –primero los cafetaleros, luego los algodoneros y cañeros, y después los industriales y banqueros— cuyo principal interés era garantizar su riqueza, y que veían con temor no sólo las movilizaciones sociales, sino las pretensiones de reforma social abanderadas por los militares jóvenes.
En los años setenta, al hacerse presentes las organizaciones campesinas, las tensiones sociales y políticas se agudizaron, dando pie a un ambiente de efervecencia social nunca antes visto en la historia reciente de El Salvador. Los sectores más radicales de las clases medias optaron por la lucha armada revolucionaria; el estamento militar endureció sus posturas y se volvió más excluyente; y los grupos de poder económico no sólo clamaron por medidas de fuerza contra quienes cuestionaban su poder y riquezas, sino que ellos mismos asumieron actitudes militantes –por ejemplo, con el Frente de Agricultores para la Región Oriental (FARO) o auspiciando grupos paramilitares— para enfrentar a las organizaciones campesinas, sindicales, estudiantiles y de maestros.
El desenlace de esta acumulación de conflictos irresueltos, malestar social, marginalidad, radicalismo político y autoritarismo militar fue la guerra civil que abatió al país a lo largo de la década de los ochenta y que culminó con la firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992, los cuales fueron concebidos con el propósito no sólo de terminar la guerra, sino de establecer las bases para que las tensiones que alimentaron a El Salvador a lo largo del siglo XX comenzaran a ser superadas.
La irrupción de las
organizaciones populares
En la década de los setenta se generó en el país una situación de intensa conflictividad social y política, la cual estuvo directamente vinculada no sólo con el empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares –obreros, campesinos, vendedoras de mercados, habitantes de tugurios--, sino con la exclusión política de la que hicieron gala los gobiernos del coronel Arturo Armando Molina y el general Carlos Humberto Romero, quienes llegaron al poder tras sendos fraudes electorales, en 1972 y 1977, respectivamente.
En ese contexto de malestar social y político, las organizaciones populares ocuparon, aunque no sólo ellas, un lugar protagónico, sobre todo porque la exclusión socioeconómica de los sectores campesinos –agudizada por el fracaso de la transformación agraria auspiciada por Molina en 1976— los hacía más sensibles a iniciativas –como las de la Iglesia católica, a través de la Companía de Jesús— encaminadas a fomentar la lucha por sus derechos, entre los cuales ocupaba un importante lugar el derecho a organizarse.
Explicación:
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Desde mediados de la década de los cuarenta, El Salvador comenzó una difícil evolución social, política y económica llena de tensiones y conflictos entre los actores sociopolíticos y económicos del país, los cuales la mayor parte de veces se tradujeron en crisis sociopolíticas marcadas por la confrontación entre aquellos que daban vida a las lógicas contradictorias: las clases medias, cuyos miembros más lúcidos –estudiantes, profesores, empleados— asumían y daban expresión al malestar de la sociedad ante los diversos tipos de exclusión de que era objeto; el estamento militar en cuyo seno pervivían orientaciones diversas y hasta encontradas acerca del modo cómo enfrentar el malestar de la sociedad –con la coacción o la apertura institucional--; y los grupos de poder económico –primero los cafetaleros, luego los algodoneros y cañeros, y después los industriales y banqueros— cuyo principal interés era garantizar su riqueza, y que veían con temor no sólo las movilizaciones sociales, sino las pretensiones de reforma social abanderadas por los militares jóvenes.
En los años setenta, al hacerse presentes las organizaciones campesinas, las tensiones sociales y políticas se agudizaron, dando pie a un ambiente de efervecencia social nunca antes visto en la historia reciente de El Salvador. Los sectores más radicales de las clases medias optaron por la lucha armada revolucionaria; el estamento militar endureció sus posturas y se volvió más excluyente; y los grupos de poder económico no sólo clamaron por medidas de fuerza contra quienes cuestionaban su poder y riquezas, sino que ellos mismos asumieron actitudes militantes –por ejemplo, con el Frente de Agricultores para la Región Oriental (FARO) o auspiciando grupos paramilitares— para enfrentar a las organizaciones campesinas, sindicales, estudiantiles y de maestros.
El desenlace de esta acumulación de conflictos irresueltos, malestar social, marginalidad, radicalismo político y autoritarismo militar fue la guerra civil que abatió al país a lo largo de la década de los ochenta y que culminó con la firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992, los cuales fueron concebidos con el propósito no sólo de terminar la guerra, sino de establecer las bases para que las tensiones que alimentaron a El Salvador a lo largo del siglo XX comenzaran a ser superadas.
La irrupción de las
organizaciones populares
En la década de los setenta se generó en el país una situación de intensa conflictividad social y política, la cual estuvo directamente vinculada no sólo con el empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares –obreros, campesinos, vendedoras de mercados, habitantes de tugurios--, sino con la exclusión política de la que hicieron gala los gobiernos del coronel Arturo Armando Molina y el general Carlos Humberto Romero, quienes llegaron al poder tras sendos fraudes electorales, en 1972 y 1977, respectivamente.
En ese contexto de malestar social y político, las organizaciones populares ocuparon, aunque no sólo ellas, un lugar protagónico, sobre todo porque la exclusión socioeconómica de los sectores campesinos –agudizada por el fracaso de la transformación agraria auspiciada por Molina en 1976— los hacía más sensibles a iniciativas –como las de la Iglesia católica, a través de la Companía de Jesús— encaminadas a fomentar la lucha por sus derechos, entre los cuales ocupaba un importante lugar el derecho a organizarse.