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El monopolio de la violencia (en alemán: Gewaltmonopol des Staates) es la definición de Estado expuesta por el sociólogo Max Weber en su obra La política como vocación,1 que ha sido predominante en la filosofía del derecho y filosofía política en el siglo XX. El concepto define a una sola entidad, el Estado, en ejercicio de la autoridad sobre la violencia en un determinado territorio, de la misma forma que el territorio también se consideró por Weber como una característica del Estado. Es importante destacar que dicho monopolio debe producirse a través de un proceso de legitimación, en la que una reivindicación se establece para legitimar el uso de la violencia por parte del Estado.
Max Weber, dijo en La política como vocación que una condición necesaria para que una entidad se convierta en un estado es que se conserve tal monopolio. Su definición es que algo es "un 'Estado' en la medida en que su equipo administrativo mantiene exitosamente una demanda sobre el monopolio del uso legítimo de la violencia en la ejecución de su orden."2 Según Weber, el Estado es la fuente de la legitimidad del uso de la violencia. La policía y los militares son sus principales instrumentos, pero esto no significa que sólo la fuerza pública puede ser usada: la fuerza privada (como en la seguridad privada) se puede utilizar también, siempre y cuando sea autorizada por el Estado. Es decir, la aplicación concreta de la violencia se delega o se permite por el Estado.
Weber afirma que no ha sido siempre el caso de que la conexión entre el Estado y el uso de la violencia ha estado tan cerca. Él utiliza los ejemplos del feudalismo, donde se permitía la guerra privada bajo ciertas condiciones y de los tribunales de la Iglesia, que tenían jurisdicción exclusiva sobre algunos tipos de delitos, especialmente la herejía (de la religión en cuestión) y los delitos sexuales (por lo tanto el apodo de "tribunales indecentes"). En la teoría de Weber no se entiende que sólo el gobierno utiliza la violencia, sino que los individuos y organizaciones que pueden legitimar la violencia o pronunciarse sobre su legitimidad son precisamente aquellos autorizados para ello por el Estado. Así, por ejemplo, la ley podría permitir a las personas a utilizar la violencia en defensa de uno mismo o de los bienes, pero en este caso, como en el ejemplo de la seguridad privada anteriormente, la capacidad de usar la fuerza ha sido otorgada por el Estado, y solo por el Estado.
Consecuencia de lo anterior es que los Estados que no controlan el uso de la coacción o fuerza violenta (por ejemplo, aquellos con milicias irregulares) no son esencialmente Estados funcionales. Otra consecuencia es que todos esos Estados "funcionales", afirman su función mediante la reproducción de las formas de violencia que sustentan las relaciones existentes de poder social, y la supresión de las formas de violencia que amenazan con perturbarlas.