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Para poner fin al conflicto de más de 12 años en El Salvador, los negociadores acordaron una serie de condiciones necesarias.
Este pliego permitió la creación de instituciones en el país, entre ellas, la Policía Nacional Civil, la Academia Nacional para la Seguridad Pública, la Procuraduría General para los Derechos Humanos. Ocurrió la modificación de la Fuerza Armada y además una reorganización de la Corte Suprema de Justicia, que tenía una situación de dependencia del presidente de la República; para la regulación de este ente se creó el Consejo de la Magistratura.
Asimismo, el acuerdo de paz contemplaba la distribución de tierras en zonas conflictivas, acceso de los trabajadores a la propiedad de empresas privadas, la garantía de participación política de los insurgentes y la creación de un foro económico y social para en nuevos diálogos resolver los problemas del país en estas áreas.