Respuestas
Explicación:
El deterioro de las finanzas públicas de Nueva España durante la guerra de Independencia cuenta con una larga tradición historiográfica (Anna, 1981; Bazant, 1968; Flores, 1969b; Hamnett, 1978; Tenenbaum 1985). En este contexto, y por su alcance historiográfico, destaca el trabajo publicado por John Jay TePaske en 1989, en el que evidenció no sólo las penurias que padeció el erario novohispano entre 1810 y 1821, sino también la respuesta financiera que adoptaron las diversas autoridades, junto a medidas de carácter tributario y de control del gasto (TePaske, 1989, 1991). Con ello se aportó una evolución general y extensa (1791-1817) del monto y ritmo de contratación de la deuda reconocida por la caja matriz de México, lo que abrió la puerta para el desarrollo posterior de estudios monográficos. Fueron los casos de Josefa Vega, cuando mostró los primeros donativos y préstamos (1810-1812) demandados por el fisco regio novohispano para sostener militarmente la contrainsurgencia (Vega, 1990), los trabajos de Guillermina del Valle Pavón sobre la participación del Tribunal del Consulado de México en el otorgamiento y la intermediación financiera de préstamos al erario (Valle, 1996, 1997) o los que indicaban que en dicho periodo se produjo la "etapa culminante de la bancarrota del virreinato", en el caso de Carlos Marichal (1999, pp. 294-300).
Esta línea de especialización sobre el estudio de la deuda y, sobre todo, de los préstamos contratados por la Real Hacienda y la Hacienda pública de Nueva España durante el periodo 1810-1821 se ha diversificado notablemente.1 Muestra de ello son las investigaciones centradas, por ejemplo, en las aportaciones efectuadas o intermediadas financieramente por diversas corporaciones novohispanas, como sucedió con la Iglesia poblana (Gómez, 1995), el Tribunal del Consulado de Comerciantes de la ciudad de México (Valle, 1997 pp. 27, 471-550, 2001) o el Real Tribunal de Minería (Méndez, 2012). Destaca también su estudio contextual en el marco de la fiscalidad extraordinaria que impulsó el gobierno virreinal entre 1810 y 1816 para financiar la contrainsurgencia (Jáuregui, 1999, pp. 221-280, 329-352; Sánchez, 2013b; Valle, 2013) o el rastreo del pensamiento económico en torno a la deuda pública presente en algunos de los protagonistas del periodo (Sánchez, 2014a).
A la luz de esta producción historiográfica resaltan diversos aspectos. En primer lugar, el hecho de que no contamos con una definición precisa de cómo conceptualizaba el fisco novohispano la deuda del erario. Un adeudo que iba más allá de los préstamos obtenidos de corporaciones y particulares, al englobar también un volumen importante de deuda por cuenta corriente como resultado del impago de sueldos, aprovisionamientos, pensiones, mercedes y transferencias reguladas, como sucedía con los situados ultramarinos. En segundo lugar, no disponemos de una reconstrucción del stock de deuda pública, así como de su composición, para el periodo 1810-1821.2 Si bien contamos con estimaciones, no siempre coincidentes, del monto de la deuda que reconocía la Tesorería General de Ejército y Real Hacienda, verdadera caja matriz de la Real Hacienda de Nueva España, se desconocen las deudas originadas en otras tesorerías, con excepción del caso yucateco (Cobá, 2014; Sánchez, 2012); un hecho fundamental, si tenemos en cuenta que la fragmentación del erario ocasionada por la guerra civil ha sido uno de los fenómenos más enfatizados por la historiografía (Anna, 1981; Jáuregui, 1999; TePaske, 1989).
Como respuesta, si bien parcial, a este estado historiográfico, nuestro estudio reconstruye las definiciones y caracterizaciones empleadas por los ministros de las oficinas del erario al tratar sobre la deuda pública; asimismo, estima su monto y composición a partir de un espacio institucional específico, la Tesorería General de Ejército y Real Hacienda o de Hacienda pública (según los momentos), en tanto fue la principal oficina del erario en Nueva España. Finalmente, el trabajo se adentra en la temática del servicio de la deuda, partiendo del supuesto de que el pago de intereses y el cumplimiento en los plazos de amortización de capitales son criterios adecuados para la periodización del estado de salud financiera del erario novohispano durante la crítica década de 1810, en el entendido de que la deuda pública, como contraparte financiera de la guerra civil novohispana, fue un espacio de contacto y tensión constante entre las entidades exactoras y los causantes fiscales del virreinato que pesó en los comportamientos y la toma de decisiones de los diversos agentes económicos.