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- llevarlas al doc
- losbusque
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La corrupción es una enfermedad hereditaria, autoinmune, de cualquier sistema político donde
los seres humanos son sus operadores. No reconoce fronteras de
ningún tipo, ya sean ideológicas, de color político, incluso de niveles de fortaleza institucional.
En años recientes, escándalos de corrupción en todo el continente han asomado el problema más a la superficie, dando la
impresión de que el fenómeno es nuevo, o más pronunciado en
contextos democráticos. Esto no puede estar más alejado de la
realidad. La enfermedad de la corrupción, que destruye las partes sanas y bien intencionadas de la política, ha sido implacable y
omnipresente en la historia, especialmente cuando se ha pretendido ignorarla.
No es debido a la democracia, sino gracias a ella, que el problema se ventila hoy con mayor franqueza y nos obliga a encararlo.
Lo que hay que combatir es la enfermedad, no el sistema.
Cuando juzgamos a la corrupción, como se hace hoy en buena parte de nuestros países, el cuadro deja de ser tan pesimista.
La intención aquí es ser realista. Se precisa de realismo respecto
al problema de la corrupción para siquiera intentar abordarlo. Es
necesario partir de una premisa esencial, cuya lógica robo del premio nobel de literatura, John Steinbeck: “No es que la cosa mala
gane —nunca ganará— pero es que no muere”. La corrupción no
se puede destruir completamente. No hay país en el mundo que
Luis Almagro
tenga corrupción cero. Unos tienen más, otros menos. Pero debemos ganarle. Y debemos ganarle en clave de democracia.
La primera buena noticia, como señalé, es que la estamos enfrentando en todo el continente y se ha demostrado que aunque
la corrupción quizás nunca morirá, se puede acorralar, se le puede ganar y es posible lograr los cambios culturales necesarios.
Para ganarle se necesita entender las causas y nuevas expresiones de la corrupción en democracia, especialmente en democracias jóvenes como las latinoamericanas. Existen todas las
razones para necesitar imponernos a la corrupción. Muchos hacen referencia al argumento ético, de que el abuso de poder y la
impunidad son inmorales —lo cual es cierto—. Es obvio: quien
ostente un cargo público no debe robar de los impuestos de la
gente ni usar influencias para fines personales. Los que buscan el
servicio público deben entender de una vez por todas que la política no es una carrera para hacer dinero. Si quieren hacer dinero
debemos empujarlos hacia oficios diferentes. Otros han cuantificado el costo económico y costo de la oportunidad de la corrupción, en detrimento de mayor nivel de desarrollo económico y
social. También una reflexión acertada.
En lo que hace a la conexión entre corrupción y derechos humanos, se han analizado al menos dos perspectivas diferentes. Por
un lado, se estudia si la corrupción en sí, en tanto acción llevada a
cabo por funcionarios públicos, implica una violación a los derechos humanos. Indudable y esencialmente lo es, en tanto lesiona
los principios básicos de una democracia de igualdad de oportunidades para los ciudadanos. Solo accede a derechos quien puede
comprarlos. También colide con el interés público, al originarse en
la superposición de interés público y privado de los responsables.
Es la segunda perspectiva, que claramente es consecuencia de
la primera, la que más nos preocupa. Esto es, cuando la corrupción llega a extremos de debilitamiento institucional que conllevan a la consolidación de la impunidad. Cuando ello ocurre, las
garantías del derecho desaparecen por completo. Los derechos
se relativizan, haciendo tambalear o desnaturalizando por completo el Estado de derecho. El espacio de denuncia de la sociedad
civil se reduce a una expresión mínima cuando los contrapesos
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