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Para la Defensoría del Pueblo, el calendario electoral y con él todas sus actividades, representa un contexto de profundos desafíos para la garantía de nuestra democracia, pues, sin duda, estarán marcadas por las nuevas reglas electorales que fueron aprobadas en febrero del presente año y cuyo objetivo es garantizar el ejercicio democrático de los derechos políticos y de participación de las y los ecuatorianos.
El Código de la Democracia plantea una reforma fundamental en relación a la aplicación del principio de paridad, disponiendo de forma clara y específica, nuevas reglas electorales que deberán ser implementadas en los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas y al momento de inscribir listas y candidaturas en elecciones plurinominales. Es por ello, que la Defensoría del Pueblo exhorta a autoridades y organizaciones políticas a garantizar el principio de paridad de género y erradicar la violencia política en el próximo proceso electoral de 2021.
“Las candidatas o candidatos deberán ser seleccionados mediante elecciones primarias o procesos democráticos internos, que garanticen la participación igualitaria entre hombres y mujeres aplicando los principios de paridad (artículo 94). De igual forma, en el artículo 99 se establecen reglas específicas que deberán cumplir.
A pesar de la posibilidad jurídica que brinda la ley, vinculada a las reglas establecidas en el artículo 99 y la disposición transitoria tercera, para la Defensoría del Pueblo es de vital importancia que las reglas de paridad sean una prioridad para todas las organizaciones políticas y que, por tal razón, sean aplicadas en su totalidad en las elecciones general de 2021. El ejercicio pleno de los derechos políticos y de participación de las mujeres es fundamental para la igualdad, así como para el fortalecimiento de las democracias.
Por otra parte, a pesar de los avances que representan estas reformas a nivel normativo para el ejercicio de los derechos de las mujeres, en la práctica existen aún barreras que impiden un adecuado ejercicio de su participación en Ecuador, y, una de ellas y quizá la más grave, es la violencia política.
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El 9 de abril de 1933, el presidente de la República Luis Sánchez Cerro promulgó la décima Constitución Política del Estado, sancionada por el Congreso Constituyente de 1931. De igual modo, el derecho al sufragio de las mujeres fue restringido solo a las elecciones municipales
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