Respuestas
Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes: una fractura al sistema de responsabilidad de altos jueces en Colombia*
1. El propósito de la independencia y responsabilidad de los jueces
Tal y como ocurre con el fenómeno de la independencia, el de la rendición de cuentas está fuertemente emparentado con la tradición jurídica en la que se inscribe un sistema. La tradición determina el tipo de control ejercido sobre los jueces y sobre todo la forma como es ejercido. Así, a través del mundo los Estados (según se orienten por el common o el civil law) pueden privilegiar como principio la judicial independence o la judicial accountability (Peri, 2012).
La judicial independence privilegia el establecimiento de principios y reglas a través de las cuales se restringe la influencia de otros poderes en las decisiones de los jueces. Los arreglos institucionales que persiguen el objetivo de la independencia pasan, entre otros, por el establecimiento de estrictos criterios de nominación, selección, promoción y duración en el cargo. Se trata de que el juez es sobre todo un funcionario y por ende se somete a la ley, y a fuertes controles de tipo jerárquico y disciplinario (Canivet, & Joly-Hurard, 2006). Además, debe responder como cualquier ciudadano cuando cometa un delito. En raras ocasiones los jueces en los Estados que privilegian el valor de la judicial independence, responden ante el ejecutivo, el legislativo o la ciudadanía en general. También son escasos los países que en esta tradición han buscado fortalecer la judicial accountability, a través de parámetros derivados del new public management. 12 El principal reparo que se hace al incremento de la rendición de cuentas es que puede acarrear una disminución de la independencia y de la imparcialidad del juez.
Por su parte, la judicial accountability se relaciona con la entrega de cuentas en una relación. De hecho, esta expresión es una de la cuestiones claves del new public management. En este contexto se busca promover la eficiencia, el control de costos y optimizar los resultados de la gestión (Contini & Mohr, 2007). Desde esta perspectiva, el juez más que la boca de la ley, es concebido como un actor que juega un rol dentro de la organización pública prestando un servicio al público (Contini & Mor, 2007). Así, el juez debe dar cuenta de las normas escritas, sobre todo a la sociedad y a las instituciones democráticas.
La rendición de cuentas es privilegiada en los países que siguen la tradición del common law, en la que existe una imagen valorizada de un juez prestigioso que llega al cargo luego de un proceso riguroso. Este juez integraría una élite social e intelectual, por lo que su error sería apenas concebible (Canivet, & Joly-Hurard, 2006). Esta idea no impide que los jueces respondan por sus acciones y sean disciplinados. En Estados Unidos, por ejemplo, se establece que los jueces federales permanecen en sus cargos mientras observen buena conducta. Esta prescripción se traduce en la permanencia vitalicia en sus cargos. Sin embargo, estos altos jueces pueden ser removidos de sus cargos a través del procedimiento legislativo del impecheament, 13 cuyo uso en la práctica es raro.
Por su parte, a nivel estatal se han establecido comisiones de disciplina judicial y remoción. Sin embargo la responsabilidad de los jueces en esta tradición no solo se traduce en la posibilidad de ser disciplinados, sino en el hecho de que deban rendir cuentas a la sociedad sobre sus acciones. En los Estados Unidos, dado que el Congreso tiene un amplio poder para decidir sobre el presupuesto 14 y sobre la organización judicial, el poder judicial se obliga a presentar un informe sobre la utilización óptima de recursos (Gur-Arie & Wheeler, 2002). Del mismo modo, la presentación de informes estadísticos hace que los jueces den cuenta sobre la eficacia de su gestión. En algunos casos se ha denunciado cómo a través de estos procesos de rendición de cuentas, el legislativo y el ejecutivo pueden incidir en la decisión de los jueces, y por ende en su independencia.