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El comercio de contrabando y la hostilidad de los indígenas no reducidos fueron dos elementos que perturbaron el orden social y económico impuesto por las autoridades españolas en sus colonias americanas durante el siglo XVIII, problemas con los que igualmente tuvieron que lidiar las autoridades republicanas por lo menos en las dos primeras décadas del siglo XIX, por lo que buena parte de los esfuerzos gubernamentales se centraron en combatirlos. La necesidad de reprimir el trato ilícito estaba estrechamente relacionada con la tarea de pacificar y reducir a los grupos aborígenes hostiles a cualquier política de dominación, por cuanto ellos, a menudo, establecieron alianzas con contrabandistas extranjeros para beneficiarse mutuamente del tráfico. Los lugares afectados por esta situación fueron territorios fronterizos, caracterizados por la escasa presencia del Estado colonial y republicano, el despojo por parte de los colonos de la tierra y de otros bienes de los naturales o de los campesinos por medio del uso de la violencia que propugnaba por someterlos y controlarlos, zonas donde se presentaron planes y procesos de colonización y donde el mestizaje estuvo a la orden del día; en fin, lugares en que se dan interacciones entre dos o más culturas diferentes con lo que se produce una dinámica única en tiempo y espacio.1 Así ocurrió en algunas partes del Cono Sur, cerca de las estancias ganaderas de Cuyo y Chile, donde las tribus libres de la Araucania, por intermedio de sus jefes guerreros, lonkos, hicieron pactos directos con los traficantes ingleses quienes les compraban el ganado que hurtaban en las mencionadas estancias, lo cual dio origen a un dinámico intercambio ilícito en esa zona.2
De igual manera, en la extensa región noroeste de Brasil, los franceses establecieron alianzas con los indios tupinambá, las cuales les permitieron ejercer libremente el trato ilícito en las costas.3 Asimismo, en la costa nicaragüense, los indios miskitos mantuvieron activas relaciones de intercambio con los ingleses, quienes les propusieron crear en su territorio un protectorado británico totalmente independiente de la jurisdicción española.