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RESPUESTA: Pese a las conversaciones de paz, a lo largo del año el conflicto armado siguió provocando heridas y muertes entre la población civil, y aumentó el número de personas internamente desplazadas. Según la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA), del 1 de enero al 30 de septiembre, 2.177 civiles habían perdido la vida y 3.822 habían sufrido heridas. Aunque estas cifras suponían una reducción del 30% del número de víctimas civiles con respecto al mismo periodo de 2019, el número total de muertes de civiles se mantuvo casi invariable.
Según el informe de la UNAMA, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, los talibanes fueron responsables del 45% de las víctimas civiles, mientras que el grupo armado autodenominado Estado Islámico de Irak y el Levante-Jorasán lo fue del 7%. Los grupos armados fueron colectivamente responsables de atacar y matar de manera deliberada a civiles: docentes, personal de salud y humanitario, jueces, líderes tribales y religiosos y empleados del Estado. Los ataques incluyeron violaciones del derecho internacional humanitario e incluso crímenes de guerra, con ataques deliberados contra la población civil y bienes de carácter civil. En mayo, hombres armados atacaron un hospital de maternidad del barrio de Dasht-e-Barchi, situado en el oeste de la capital, Kabul, y mataron a 24 personas, incluidos bebés recién nacidos, mujeres embarazadas y personal de salud. Ningún grupo reivindicó la autoría del ataque.
Las fuerzas favorables al gobierno fueron responsables de más de una cuarta parte de las muertes y heridas que se produjeron entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, con 602 víctimas mortales y 1.038 personas heridas. De estas cifras, las fuerzas militares internacionales, en concreto, fueron responsables de 83 muertes y 30 heridos. Según la UNAMA, el número de víctimas civiles atribuidas al Ejército Nacional Afgano había aumentado en comparación con el año anterior, principalmente en ataques aéreos y combates por tierra. La UNAMA afirmó que la violencia se había recrudecido durante el periodo previo a las conversaciones de paz.
Principalmente los grupos armados y las fuerzas de seguridad afganas —milicias progubernamentales y policía local— siguieron reclutando para combatir a niños, que sufrieron múltiples abusos, incluso de naturaleza sexual. Según la UNAMA, Afganistán continuaba siendo “uno de los países más mortíferos del mundo para la infancia”, y tanto las fuerzas favorables al gobierno como las contrarias a él eran responsables de más de 700 víctimas infantiles cada una. En octubre, el vicepresidente, Amrullah Saleh, anunció que había ordenado la detención de una persona que había informado sobre las víctimas civiles de un ataque aéreo del gobierno afgano contra una escuela en el que habían muerto 12 niños. Más adelante, el portavoz del gobernador provincial de Takhar comunicó que la persona en cuestión había sido destituida de su cargo por haber informado sobre las víctimas infantiles de las fuerzas de seguridad afganas.