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Colombia se ha distinguido por haber desarrollado algunas instituciones económicas públicas de primera línea. Entre estas sobresalen el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República, y la Superintendencia Financiera.
El Ministerio de Hacienda tiene la tradición de ser la institución económica más antigua, pues data desde el siglo XIX. No obstante, haber sido tradicionalmente el organismo más influyente, su carácter técnico solo vino a tomar importancia creciente en 1975.
Desde ese momento los ministros de Hacienda, salvo contadas excepciones, han sido economistas especializados. Con el fortalecimiento que ha tenido la Dian en los últimos años, podría afirmarse que lo más prioritario ahora es dotar con un mayor peso a los organismos de control fiscal, como el Confis, y la Dirección de Presupuesto, así como una mayor influencia de los mecanismos para ejecutar las políticas, como el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el desarrollo de un Marco de Gasto Público más coercitivo.
En relación con el Banco de la República, debe resaltarse su papel fundamental a raíz de la Reforma Constitucional de 1991, mediante la cual, el Emisor adquirió el mandato específico de controlar la inflación. Para estos propósitos, se le dotó de independencia al designar a su junta directiva como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia. Al Banco debe resguardársele de reformas legales promovidas por el Congreso o por el mismo Gobierno, que busquen reducir su autoridad e independencia. Afortunadamente, todas las iniciativas en este sentido se han hundido en el Congreso.
Por su parte, la Superintendencia Financiera también se vio fortalecida con la unificación en un solo organismo de las antiguas Superintendencia Bancaria y de Valores. Asimismo, desde los años noventa, se observa una tendencia a disponer de personas especializadas en materia de control de riesgos y de supervisión, saliéndose así de una supervisión de verificación del cumplimiento formal de las normas. Como parte integral de la reforma financiera que se discute en el Congreso debe darse un paso adelante para dotar a la Superintendencia de una mayor autonomía financiera y política. El Superintendente debe tener un período fijo y largo de permanencia.
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