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Hasta noviembre de 2018, según el Ministerio Público, había 3.007 personas imputadas, 867 condenadas y 110 absueltas en relación con delitos presuntamente cometidos durante el último gobierno militar argentino. De 599 casos de supuestos delitos de lesa humanidad, los jueces se habían expedido en 203.
Los juicios fueron posibles gracias a una serie de medidas adoptadas a comienzos de la década de 2000 por el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y jueces federales que declararon la nulidad de las leyes de amnistía y los indultos concedidos a exmilitares implicados en los delitos. Hasta noviembre de 2018, se había identificado a 128 niños hijos ilegalmente quitados de sus padres y apropiados por otras personas durante su infancia en la dictadura de 1976 a 1983. Muchos de ellos se reencontraron con sus familias.
En mayo, un tribunal de apelación ratificó la condena penal de 12 personas acusadas de participar en la Operación Cóndor, una estrategia regional que tuvo como fin coordinar las acciones represivas de varias dictaduras latinoamericanas. Fueron condenadas con hasta 25 años de prisión por su participación en una asociación ilícita que secuestró a 103 personas
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