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De 1990 a 1994, el gobierno de César Gaviria continuó implementando una política de paz que se
había comenzado en 1988 durante la administración Barco. La política resultó en procesos de
negociación exitosos con el M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Ejército
Popular de Liberación (EPL) y el Quintín Lame. Los procesos también influyeron en la creación de la
Asamblea Nacional Constituyente en 1991, la cual facilitó la participación de un amplio espectro
de grupos sociales y políticos para repensar las estructuras del Estado y la elaboración de una
nueva constitución para el país.
La decisión democráticamente votada por la militancia del M-19 de dejar las armas, debía
concretarse en los acuerdos para que todo fuera una realidad. El resultado del trabajo de las
Mesas de Análisis y Concertación fueron multitud de propuestas y reformas en temas
socioeconómicos, de justicia y políticos, que finalmente fueron recogidas en un consenso
plasmado en un Pacto Político por la Paz y la Democracia, firmado en Noviembre de 1989, y al cual
se agregó un acuerdo sobre favorabilidad política y una Ley de Indulto. Sin embargo, el gobierno,
simultáneamente librando una guerra contra el narcotráfico, vinculó la implementación del Pacto,
concerniente a las reformas sustanciales, a una Reforma Constitucional que contenía reformas a la
justicia para combatir al narcotráfico, incluso la institucionalización de la extradición. Esta
conjunción reventó. En Diciembre, a la hora de votar la reforma constitucional en el Congreso,
cuya clase política había estado distante del proceso de paz, el tema de la extradición se volvió
principal punto de divergencia entre Congreso y Gobierno, y la reforma se hundió. Así el Acuerdo
Político mediante el cual el M-19 pactó la dejación de armas fue más una carta de intención que
un Acuerdo en firme. No obstante, la decisión fue la de reafirmar su voluntad de paz. Carlos
Pizarro hablaba de “un salto al vacío.”
Explicación:
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