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El golpe de Estado de 1930, que dio inicio a la denominada restauración conservadora, se vino gestando por parte de sectores golpistas militares y civiles desde el mismo momento en que Hipólito Yrigoyen fue reelecto presidente de la Nación en 1928. Más allá de los errores y deficiencias de ese gobierno, las nocivas consecuencias que se sintieron en el país debido a la crisis financiera y económica mundial fueron el catalizador de actitudes antidemocráticas que, apoyadas por los medios de prensa de la época, como los tradicionales La Prensa y La Nación y los populares como Crítica, fueron esmerilando la autoridad presidencial y alimentando su destitución. Finalmente, el 6 de septiembre de 1930 Yrigoyen fue desalojado del gobierno y reemplazado por el general José Félix Uriburu, quien instauró una dictadura militar. Debe consignarse al respecto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó el gobierno de facto resultante del golpe fundándolo “en razón de policía” y de que el mismo “ejerce la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte y de seguridad social”.