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Breve introducción
La grave crisis internacional que atraviesa el mundo entero y de la que aún no podemos
salir, nos demuestra que la política del laissez-faire sumada a la incapacidad regulatoria
de algunos Estados se juntaron para sumirnos en la peor crisis de las últimas décadas.
Esta crisis, ha revivido el viejo debate sobre el rol del Estado y su capacidad reguladora,
sobre el rol de las empresas y su responsabilidad social y sobre la transparencia de su
gestión y la forma cómo obtienen sus ganancias.
De allí, que resulta relevante estudiar la relación entre el Estado y las empresas en el
Perú y las formas como negocian sus diferencias o conflictos respecto al cumplimiento
de sus compromisos de producción, tributarios, laborales y ambientales.
El análisis de las relaciones entre empresarios y el gobierno se desarrolla teniendo en
cuenta tanto factores políticos como económicos. Según Durand2
, la relación entre
empresarios y gobernantes es mutuamente dependiente, pues hay factores económicos
que afectan la política, como el poder material de los empresarios, y hay factores
políticos que afectan a los empresarios como la autonomía o posición del Estado frente
al capital, las discrecionalidades del gobierno en la toma de decisiones, el tipo de
orientación macroeconómica y la capacidad operativa del aparato del Estado en la
gestión de Políticas Públicas.
Entonces, de acuerdo a cómo se combinan estos factores las relaciones serán positivas
o negativas, estables o inestables, puede haber acuerdos políticos o alianzas como
forma más avanzada de relación (matrimonio) o lo que Durand llama “servinacuy”, un
matrimonio de interés, que llevan a una relación de colaboración o colusión,
respectivamente3
Si las relaciones son positivas habrá una colaboración positiva, honesta y transparente
que beneficia al país y, por el contrario, si son negativas puede dar lugar a un conflicto y
ruptura que puede llegar al enfrentamiento, que no ayuda al desarrollo del país. ¿Por qué el Estado interviene en la economía?
El análisis de la relación Estado - empresa se da, dentro de la discusión sobre el Rol del
Estado, es decir sobre qué debe hacer el Estado. Debe intervenir activamente en la
economía mediante la producción de bienes y la prestación de servicios o debe ser sólo
un ente planificador, promotor y regulador dejando las demás actividades económicas al
sector privado, es decir a las empresas. Y si el Estado interviene en la economía, cómo
debe hacerlo y cuáles son sus límites.
El rol del Estado en la economía depende del enfoque que se utilice, así según el
enfoque keynesiano, el sistema capitalista es inestable por los ciclos económicos y que
tiende a producir por debajo del pleno empleo generando ineficiencias, por lo que el
Estado debe intervenir mediante políticas fiscales para lograr y mantener el pleno
empleo y un crecimiento económico constante4
.
Mientras que para el enfoque neoclásico, el sistema capitalista tiende a una situación de
estabilidad donde los recursos se asignan eficientemente en una situación de mercado
de competencia perfecta. Por lo que una activa intervención del Estado en la economía
puede generar distorsiones en el buen funcionamiento del mercado. En ese sentido el
Estado debe tener una mínima participación en la economía.
Sin embargo, los mercados no son de competencia perfecta, existen monopolios, hay
fallas de mercado por lo que es necesario que haya regulaciones.
Entonces, el Estado debe intervenir para corregir estas fallas o distorsiones del mercado
que impiden que la economía opere eficientemente, dentro de estas fallas de mercado
tenemos:
Las externalidades que son los efectos que genera un agente económico sobre otros y
que puede ser positivo o negativo (externalidad positiva o negativa).
Así, si una mina contamina el agua que es utilizada por los agricultores (externalidad
negativa) ocasiona costos a los agricultores y si la empresa minera no asume tales
costos, entonces su nivel de producción no va corresponder a la situación socialmente
óptima. Esta falla del mercado se puede corregir, por ejemplo, mediante la aplicación de
un impuesto a la empresa minera.
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