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Respuesta:
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Explicación:
En un contexto marcado por eventos naturales extremos cada vez más intensos y frecuentes, las ciudades latinoamericanas deben prepararse mejor para garantizar la seguridad de sus habitantes y la sostenibilidad económica. Para ello, es crucial que las políticas urbanas integren elementos de mitigación y adaptación al cambio climático y tomen medidas coordinadas e intersectoriales en función de las particularidades de cada ciudad, según el informe Enfrentar el riesgo, publicado por CAF –banco de desarrollo de América Latina- en alianza con el Observatorio para América Latina de The New School.
El reporte analiza los casos de Manizales (Colombia), La Paz (Bolivia), Cuenca (Ecuador), Cubatão (Brasil), Santa Fe y Pilar (Argentina), y describe distintas problemáticas y enfoques de abordaje institucional en el manejo de la resiliencia, para finalmente presentar nueve lecciones y recomendaciones para reducir la exposición a los desastres y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Según el informe, las amenazas que en el pasado eran estacionales y bastante predecibles (como periodos de sequías y lluvias) hoy se están volviendo cada vez más impredecibles. Por eso, de cara al futuro, las ciudades latinoamericanas deberán analizar los patrones históricos de desastres, pero también estarán obligadas a aprender de las experiencias de otras ciudades para desarrollar soluciones más creativas ante nuevas amenazas.
“Es necesario diseñar estrategias integrales y modelos de intervención que permitan abordar la gestión de riesgos desde múltiples niveles de gobierno, con especial énfasis en el ámbito urbano. Entender en mayor profundidad cuál es el rol de la gestión local e implementar medidas intersectoriales consecuentes, también son elementos fundamentales para lograr ciudades más resilientes”, explica Julián Suárez Migliozzi, Vicepresidente de Desarrollo Sostenible de CAF.
Aunque las lecciones que propone el informe no están concebidas como guías de adaptación para otras ciudades, pueden convertirse en referencias para la formulación de políticas públicas de gestión de riesgos.