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Ayer, 22 de mayo de 2018, la Defensoría del Pueblo mantuvo tres reuniones de trabajo con comunidades amazónicas cuyos territorios son o ya han sido afectados por actividades extractivas.
En la primera reunión, representantes de varias comunidades de la nacionalidad Waorani de la provincia de Pastaza, denunciaron la reactivación de la licitación de bloques petroleros en el suroriente amazónico y explicaron que, en las asambleas realizadas al interior de la comunidad, ha decidido oponerse al bloque 22 que afecta su territorio ancestral, en ejercicio de su derecho a la autodeterminación.
Solicitaron a la Defensoría del Pueblo que analice su caso y actúe oportunamente para la defensa de sus derechos colectivos: “Hemos caminado desde lejos a esta asamblea, con frío, caminando en la lluvia todo para que los niños que crecen en nuestra generación tenga un territorio limpio, sin contaminación”, señaló una de las participantes