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Respuesta:La institución de la democracia directa, que denominamos referéndum, adquiere vigencia plena en la
Constitución de 1993, junto con otras instituciones de
participación popular directa, como la iniciativa popular
en la formación de las leyes, la revocatoria de autoridades, remoción de funcionarios públicos y rendimiento
de cuentas. La revocación se aplica a los alcaldes,
regidores, presidentes regionales, jueces de paz y,
presumiblemente si es que la ley lo establece, a los jueces de primera instancia, pero no afecta a los congresistas. Asimismo, existen leyes que regulan esta institución, la 26300, Ley de Participación y Control Ciudadanos, que en el capítulo V trata del referéndum y las consultas populares; la Ley 26592, Modificatoria de la Ley
de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos
y la Ley 26670, que modifica el inciso "e" del artículo 39°
de la Ley 26300. Estas dos últimas leyes fueron inconstitucionales.
A nivel de participación vecinal, en los gobiernos locales, rigen las ordenanzas 065, que norma la participación de los vecinos en los asuntos comunales ante
los municipios y la 084, que reglamenta la participación
vecinal en las sesiones extraordinarias del Concejo.
El ejercicio del derecho de referéndum se aplicó
por primera vez para la aprobación de la Constitución
vigente.
Francisco Miró Quesada Rada*
Este referéndum se realizó en estricta aplicación de la
Décimo Cuarta disposición transitoria. Esta disposición
establece que, una vez aprobada la Constitución por el
Congreso Constituyente Democrático, entra en vigencia, conforme al resultado del referéndum regulado por
ley constitucional.
Luego se produjeron dos importantes intentos
de convocatoria a referéndum. El primero relativo a la
privatización de la Empresa Estatal Petro-Perú y el otro a
la ley de "interpretación auténtica", relacionada con la
reelección presidencial. Estos intentos de referéndum,
que nacieron por iniciativa del pueblo peruano, fueron
materia de arduo debate y motivaron que la mayoría del
Congreso elaboraran dos leyes conducentes a limitar la
participación directa del pueblo, en temas de suma importancia como son la privatización y la reelección. Ambas normas violan artículos de la Constitución y son por
eso inconstitucionales.