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Esta semana, el Distrito, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Gobernación firmaron un acuerdo de cierre financiero para construir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas, y su estación elevadora, la cual tratará el 65% de las aguas negras que llegan al río Bogotá.
El porcentaje restante de aguas servidas son tratadas por la PTAR Salitre, la cual será ampliada en los próximos años, a fin de aumentar su capacidad. Esta planta trata hoy los residuos que generan más de dos millones de bogotanos.
Esta megaobra, sin embargo, no puede mirarse como la única solución al problema histórico de contaminación del río. El fallo del Consejo de Estado, que en 2014 ordenó ejecutar las obras mencionadas, también definió más de 80 acciones, entre ellas, implementar planes de saneamiento y manejo de vertimientos, desincentivar contaminación hídrica con otro tipo de instrumentos económicos y efectuar operativos de control a la actividad industrial y agropecuaria de la cuenca.
En particular, le dio un ultimátum a la industria de las curtiembres para que cumpla con las normas ambientales y no siga descargando sus contaminantes al afluente. ¿Qué ha pasado con los controles a estos vertimientos? ¿Qué sanciones se han producido?
Esto sin contar con que existen empresas privadas y comunidades aledañas al río que están afectando su cauce y sobre las cuales se desconoce qué tipo de acciones se han emprendido para mitigar dicho impacto.
En términos de integración regional, la PTAR Canoas es un buen ejemplo de articulación para construir una planta de mayor complejidad y mejor capacidad que trate las aguas negras más allá de un tratamiento básico, como ocurre hoy con la PTAR Salitre. Queda pendiente conocer los impactos financieros en la tarifa una vez entre a operar.
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coronita plis