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La consagración formal del derecho humano al agua y el saneamiento, establecida por las Naciones Unidas el 28 de julio de 2010, no es simplemente una novedad en el andamiaje jurídico internacional, considera el informe "Equidad e Inclusión en América Latina: El acceso universal al agua y el saneamiento" (CAF 2010).
La resolución de la ONU obliga a los países a ajustar sus marcos legales y regulatorios para facilitar la aplicación de estrategias en el sector agua potable y saneamiento y así dar cumplimiento al mandato. En el caso de América Latina, la resolución confirma la universalización del derecho de acceso al agua con servicios de calidad en los domicilios, y ofrece también una oportunidad para ayudar a revertir inequidades existentes y al mismo tiempo favorecer la inclusión social.
No será posible alcanzar estos objetivos si no se reconoce a las personas que están en situación de desventaja, por la falta o precariedad en el acceso a los servicios. No solo se trata de proveer agua sino de que esta sea suficiente, de calidad, salubre, aceptable, accesible y asequible.