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Explicación:
Un Estado de derecho, no es aquél en el cual existen leyes o reglas, sino aquél en que las leyes garantizan derechos fundamentales para la convivencia en democracia, donde no se restrinja la libertad sino en la medida en que fuere compatible con los derechos fundamentales de la persona y al interés común.
El país desconfía del Poder Judicial y del Ministerio Público
Al asumir la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, el Dr. Duberly Rodríguez, afirmó que el Poder Judicial forma parte esencial del Estado, y que para asegurar una democracia como la nuestra es fundamental el respeto y el equilibrio con los otros poderes del Estado. Solo así se propiciará el desarrollo y bienestar de todos los peruanos y alcanzar la seguridad jurídica de un país viable y moderno.
En teoría estos conceptos suenan bien y abren un camino de esperanza; pero en la práctica son una falacia, ya que la opinión pública no cree en ello. Tenemos tres ex presidentes de la República directamente cuestionados por el caso Lava Jato, por los escandalosos contratos millonarios producto de un sistema de corrupción de alcance mundial, que podrían incluir al actual jefe de Estado.
Hoy el país lamentablemente desconfía del Poder Judicial y del Ministerio Público. Las bandas criminales organizadas —como los “Monos de Quepepampa”, los “Patrones del Norte” y muchas otras— son liberadas con fallos judiciales que causan espanto en la opinión pública. Sin embargo, existen miles de hombres y mujeres de a pie actualmente encerrados en las cárceles del país en espera de su juzgamiento, sin que poco o nada se haga para solucionarles su situación.
El nuevo presidente de la Corte Suprema reconoció que la justicia oportuna produce tranquilidad, seguridad y sosiego, y que asegura la tranquilidad social. Sin embargo vivimos en una sociedad convulsionada, que con justa razón se indigna cuando algunas de sus autoridades son acusadas de millonarios actos de corrupción; y que aprovechándose de vacíos legales salen indemnes o, en el peor de los casos, fugan del país sin que jueces ni fiscales hagan algo para impedirlo. Eso ha pasado ya en los casos de Nadine Heredia y Alejandro Toledo. ¡Algo realmente escandaloso!
Recientemente fue liberado el grueso de los detenidos que agredieron a la policía en las manifestaciones de Puente Piedra. Y el propio ministro del Interior, Carlos Basombrío, afirmó que aquí en el Perú no pasa nada y que la delincuencia hace lo que le da la gana. El Poder Judicial, que debiera ser el garante de los derechos fundamentales de las personas y el contrapeso de los otros poderes del Estado, actualmente no cumple con dichas funciones debido a que cuenta con muy pocos magistrados preparados, capacitados y con sólidas bases éticas y morales.
Para que esto ocurra, es fundamental crear o modificar en el Congreso las leyes que aseguren una correcta conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), para asegurar una eficaz y eficiente selección de jueces y fiscales a los que se les puedan asignar las funciones del Órgano de Control de la Magistratura, actualmente a cargo del Poder Judicial (lo que, en la práctica, lo convierte en “juez y parte”). Eso sí, con una correcta asignación presupuestal, pues se constituirán en una de las bases en que se soportará la justicia en el Perú.
El personal judicial resulta hoy insuficiente para brindar el soporte procesal debido al incremento de la carga. Sin embargo, existen expertos en reingeniería de procesos que pueden ayudar mucho en este aspecto. Esto, aunado a una infraestructura judicial moderna y funcional, permitiría una correcta administración de justicia que termine con las enormes rumas de expedientes, que hoy duermen el sueño del justos en las dependencias judiciales.
Si no mejoran estas condiciones en el Poder Judicial y el Ministerio Público, la desconfianza de los ciudadanos en la justicia irá en aumento. Y el actual estado de derecho se verá afectado, restándole posibilidades al Perú, en el contexto internacional, de mostrarse como una nación moderna, próspera y democrática. Una aspiración justa de todos los peruanos.